La exprimera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, confirmó que la Dirección General de Ingresos (DGI) dictó el secuestro sobre cuentas bancarias, plazos fijos, valores y bienes muebles e inmuebles a nombre de Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), por una concurrencia de hasta $21.1 millones.
Anunció que los auditores de Irisa acudirán a la DGI, para aportar información “para ver si en realidad había o no había una evasión fiscal”.
“Vamos a mostrar que nosotros no somos ningunos evasores de impuestos. Es más, pagamos al día y si podemos pagar por adelantado lo hacemos para acogernos a los beneficios de pagar adelantado. Somos una empresa que genera mucho impuesto. Imagínese la Caja de Seguro Social, en las condiciones en que está y esta empresa es la que más paga de seguro social, ¿usted no le va a dar una oportunidad?”, dijo Martinelli, en un acto público convocado este martes 2 de abril con los candidatos presidenciales, para la firma del “Pacto por los derechos humanos de las personas mayores”.
Marta de Martinelli acudió en representación de José Raúl Mulino, candidato de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza.
La Prensa informó que el pasado 1 de abril, la DGI envió notas a la mayoría de los bancos de la plaza panameña, en las que declara el secuestro inmediato de bienes y cuentas a nombre de Irisa, operadora de la cadena Súper 99, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli.
Dos de estos bancos serían el Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Saint Georges Bank, ya que es pública la relación de ambos con Irisa.
Según la exprimera dama, Irisa nunca recibió “una notificación de nada” por parte de la DGI.
“Ahí hubo muy mala fe. Si piensa que hay algún delito, usted notifica, para que nosotros vayamos con nuestros abogados y nuestros contables”, agregó.
Aunque la exprimera dama dice que su empresa desconocía el proceso que adelantaba la DGI, en agosto de 2022, este medio informó que la DGI conducía una investigación sobre supuesta evasión fiscal de los supermercados, al mismo tiempo que se publicó una declaración jurada y voluntaria del gerente de contabilidad del conglomerado de la empresas Martinelli, Marcelino Velásquez, quien describió a la empresa Kroll –contratada por la propia Marta de Martinelli cuando su esposo estaba detenido en El Renacer entre los años 2018 y 2019– actividades que buscaban la “evasión fiscal”, incluso con la compañía que era la auditora externa de la empresas Martinelli.
Lea aquí la nota titulada 'Empresas de los Martinelli, señaladas de evasión fiscal'
Aunque Velásquez posteriormente afirmó que la declaración era falsa y que esa no era su firma, su descripción de las actividades para buscar evadir al fisco fueron precisas e, incluso, aportó información clave que corroboraría la información. Además, otros exempleados de los supermercados dieron fe de la autenticidad de la declaración del contador, quien en reiteradas ocasiones se negó a mantener una entrevista con este medio.
Paralelamente, un informe del FBI, fechado el 22 de mayo de 2022, alertó a las autoridades panameñas de un posible delito de “evasión fiscal”. Este informe igualmente describe operaciones a través de las cuales la familia Martinelli se benefició de arreglos financieros “irregulares” a través de la empresa propietaria de los supermercados.
La respuesta del FBI llega dos días después que La Prensa informara que la DGI investiga un grupo de empresas ligadas a la familiar Martinelli. En mayo pasado, el FBI había alertado a Panamá sobre presunta evasión fiscal. #LaPrensaSecuestrada https://t.co/b5tWucsPAF pic.twitter.com/MQAfnMv7lP
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 6, 2022
El pasado lunes, La Prensa intentó ampliar la información sobre el secuestro de las cuentas bancarias de Irisa, pero en la DGI advirtieron que la ley les impide divulgar cualquier dato o documento sobre la situación tributaria de los contribuyentes, salvo que esa información sea requerida por alguna autoridad competente.
La información sobre el secuestro de las cuentas bancarias y otros bienes de Importadora Ricamar fue obtenida de fuentes bancarias y de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que empero, no dieron detalles sobre la medida.
El secuestro de la cuentas por parte de la DGI se da poco después de que el titular de la DGI, Publio De Gracia, y un equipo de funcionarios acudió a una reunión de trabajo en Washington, en atención a una invitación que le formuló la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés), del 18 al 22 de marzo. De Gracia había sostenido una reunión similar con dicha división, en diciembre pasado.
Martinelli está desde el 7 de febrero pasado en la embajada de Nicaragua en Panamá, lo que ha impedido su ingreso a prisión para cumplir una condena de 128 meses de cárcel por blanquear capitales en el denominado caso New Business.
