Lo que comenzó como una supuesta “reforma agraria” se convirtió, según expertos, en un proceso sistemático de expoliación de bienes privados bajo el amparo del poder político.
Corría el año 2001 cuando la proclamación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario marcó el inicio de una política de confiscaciones generalizadas en Venezuela.
Campesinos y funcionarios armados invadieron terrenos privados en nombre de una revolución que “nunca llegó”, mientras las propiedades pasaban a manos de militares o empresas extranjeras cercanas al régimen, relatan en el Observatorio de Derechos de Propiedad, un proyecto que desde Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, para dejar constancia de las violaciones al Estado de Derecho.
El entonces presidente Hugo Chávez popularizó el término “exprópiese” durante sus alocuciones en cadena nacional, ordenando en vivo la toma de fincas, bancos, industrias, hoteles y hasta medios de comunicación.
Entre los casos emblemáticos figuran Agroisleña, la cadena de supermercados Éxito, fincas ganaderas en el Sur del Lago de Maracaibo, granjas lecheras, agroindustrias, galpones, torrefactoras de café y el diario El Nacional, cuyas sedes e instalaciones fueron ocupadas por el Estado sin indemnización alguna.
El abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera, coautor del registro del Observatorio de Derechos de Propiedad y actual profesor investigador de la Universidad Santo Tomás en Santiago de Chile, explica que este deterioro del Estado de Derecho no fue casual.
“Los ataques al derecho de propiedad en Venezuela comenzaron muy tempranamente, desde 1999. No fue una acción improvisada, sino una política deliberada de sustitución del procedimiento legal de expropiación por mecanismos de toma sin pago previo del bien”, afirma Herrera.
Según el especialista, la Ley de Tierras reemplazó el procedimiento democrático de expropiación —que implica compensar al propietario con el justo valor de mercado— por un “eufemismo de rescate de tierras”, que en realidad fue un mecanismo de despojo.
“Si el dueño no podía demostrar que su propiedad había sido privada desde los tiempos de la colonia, se presumía que era del Estado. Era una prueba imposible de cumplir, hecha adrede para justificar la confiscación”, relata.
Herrera recuerda que todas las tomas se realizaron con fuerzas policiales y militares armadas, sin respeto al debido proceso ni pago alguno a los afectados.
“No eran procedimientos voluntarios ni amistosos. Se ejecutaban con armas de guerra, acompañadas por el uso de la fuerza”, relató.
Con el paso de los años, las expropiaciones se extendieron a sectores estratégicos: alimentos, energía, finanzas, agroindustria y medios de comunicación.
Demandas internacionales y un Estado ‘desaparecido’
Las consecuencias no tardaron. Decenas de empresas extranjeras presentaron demandas internacionales contra el Estado venezolano por violar tratados de inversión. Herrera indica que el país ha perdido la mayoría de los casos, con laudos millonarios en su contra.
“El Estado venezolano desapareció hasta nuevo aviso. No hay gobierno legítimo, ni poder judicial independiente, ni instituciones que representen al país. Frente a ese vacío, no hay con quién entenderse”, afirmó con contundencia.
Consultado sobre un posible cambio político, Herrera advierte que una transición democrática heredaría un país endeudado —con más de 170 mil millones de dólares de pasivos externos— y una montaña de litigios por resolver.
“Cuando llegue la transición, Venezuela será un Estado súper endeudado y tendrá que afrontar un complejo proceso de reparación y devolución de bienes. Habrá que aprender de Europa del Este: sin respeto al derecho de propiedad, no hay libertad posible”, sentenció.
El Observatorio de Derechos de Propiedad estima que el saldo de 25 años de políticas de confiscación deja más de 1,000 empresas expropiadas o intervenidas y entre 3 y 5 millones de hectáreas agrícolas tomadas por el Estado sin compensación alguna.
“La tragedia venezolana comenzó cuando el régimen entendió que privando a las personas de su propiedad, también les arrebataba su libertad”, concluyó Herrera.
El Observatorio de Derechos de Propiedad indica que entre 2012 y 2021 se ejecutaron 106 expropiaciones, 279 intervenciones, y alrededor de 618 ocupaciones temporales de empresas. Además, se aplicaron más de 17.500 multas sin garantizar el derecho a la defensa, se emitieron 307 regulaciones de confiscación de la propiedad, se declararon 149 rescates de tierras y se registraron 2.451 comisos, referidos a medidas administrativas que implican la toma y disposición de bienes muebles privados por presunta comisión de ilícitos, sin pago de indemnización.
El Observatorio también documentó 105.178 fiscalizaciones por parte de organismos estatales contra empresas acusadas de incumplir supuestas normativas, sin que se verificara adecuadamente la infracción.
La organización dejó de registrar nuevos casos por falta de recursos, aunque en tribunales internacionales continúan las demandas contra el Estado venezolano, destacando las promovidas por las petroleras estadounidenses afectadas por la nacionalización de sus activos.
Las nacionalizaciones de activos petroleros ejecutadas por Hugo Chávez en 2007 derivaron en sentencias internacionales en contra del Estado venezolano por más de $10,000 millones , según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Las petroleras ExxonMobil y ConocoPhillips fueron las principales afectadas por la imposición del régimen chavista de transformar sus contratos en empresas mixtas bajo control de Pdvsa. Mientras compañías como Chevron y TotalEnergies aceptaron los nuevos términos, Exxon y Conoco optaron por retirarse del país y demandar a Venezuela por expropiación sin compensación.
El Ciadi falló a favor de ExxonMobil con $1,600 millones por el proyecto Cerro Negro, y de ConocoPhillips con $8,370 millones por sus participaciones en Petrozuata, Hamaca y el Golfo de Paria.
En la actualidad, ambas sentencias han sido ratificadas por cortes estadounidenses, y se mantienen como una pesada carga en los litigios internacionales de Venezuela.
En ese contexto, el abogado Luis Alfonso Herrera explica que estos casos son consecuencia directa de la política sistemática de violaciones al derecho de propiedad iniciada en 1999:
“Venezuela enfrenta un cúmulo de demandas internacionales por haber violado su propio derecho interno y los tratados de protección de inversiones. Los laudos fueron previsibles, porque el régimen actuó con brutalidad e impunidad absoluta”, afirmó.
Durante una reciente conferencia, el presidente estadounidense Donald Trump enfatizó que la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro permite “recuperar el petróleo robado”, aludiendo a estos activos petroleros nacionalizados.
