Arlette Ricci, heredera del imperio francés de alta costura Nina Ricci, ha sido condenada por el Tribunal Correccional de París a tres años de prisión -dos de los cuáles pasará en libertad condicional- y a pagar más de un millón de dólares de multa por fraude fiscal. Además, le han confiscado bienes por valor de 4.2 millones de dólares, entre ellos, sus lujosas casas en París y en la isla francesa de Córcega.
Se trata de la primera sentencia condenatoria en relación a los nombres que aparecen en la lista Falcani, que supone la mayor filtración bancaria en la historia, sacando a la luz pública alrededor de 30 mil cuentas bancarias, con un valor total de unos 120 mil millones de dólares.
Los investigadores franceses acertaron que la sucesora de la famosa dinastía empresarial ocultó al fisco francés más de 22 millones de dólares usando cuentas cifradas y sociedades offshore de Panamá. Pero Ricci no es la única que se benefició de las leyes bancarias panameñas que preconizan la privacidad y la confidencialidad para brindar protección a inversionistas locales y extranjeros.
El próximo 21 de junio, Panamá volverá a ser examinada en materia de transparencia fiscal por el Grupo de Acción Financiera (Gafi), que incluyó al país en su “lista gris”, al considerar que en su regulación hay deficiencias en el tema de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A pesar de que Panamá cuenta con instituciones de primera línea, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Comisión de Valores o la Superintendencia de Bancos, entre otras, los expertos consideran poco probable que Panamá consiga los objetivos requeridos por el Gafi para la próxima plenaria del organismo en junio.
De hecho, ante una situación similar, otros países han tardado un promedio de tres años para aprobar la regulación necesaria, asegurar su debida implementación y realizar tareas de control y evaluación.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa condenó a Panamá a mediados de marzo en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, tras examinar su esquema regulatorio y compararlo con los estándares internacionales.