La princesa Cristina de España y su esposo depositaron 2.4 millones de euros (2.7 millones de dólares) a una cuenta de la corte para cubrir una parte de la fianza que se les fijó en lo que esperan el juicio en su contra.
El tribunal de justicia regional de las Islas Baleares informó que el dinero depositado el jueves proviene de la venta de la residencia real de la pareja en Barcelona. Cristina, la hermana de 50 años del rey Felipe, está acusada de evasión fiscal, mientras que su esposo, Iñaki Urdangarín, enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero.
Ella es la primera integrante de la familia real en enfrentar un juicio desde que se restauró la monarquía española en 1975.
El juez que lleva el caso fijó una fianza de 2.7 millones de euros para la princesa y de 13.5 millones de euros para Urdangarín.
Por medio de sus abogados la pareja ha sostenido su inocencia en repetidas ocasiones.
Se espera que el juicio se realice más adelante este mismo año.
El pasado 11 de junio se diio a conocer que el rey Felipe VI de España había decidido revocar el título de duquesa a su hermana, el cual fue otorgado por su padre, el entonces rey Juan Carlos, en 1997.
Al día siguiente, el Boletín Oficial del Estado publicó un Real Decreto por el cual Su Majestad el Rey revocaba el uso del título de Duquesa de Palma de Mallorca en favor de Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina”, informó el palacio en un comunicado.Urdangarin, de 47 años, es sospechoso de haber utilizado su posición en la familia real para obtener contratos de dos gobiernos regionales mediante una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Noos, que él presidía. Las cantidades concernidas ascienden a 6.6 millones de dólares.
Al día siguiente, el Boletín Oficial del Estado publicó un Real Decreto por el cual Su Majestad el Rey revocaba el uso del título de Duquesa de Palma de Mallorca en favor de Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina”, informó el palacio en un comunicado.
Urdangarin, de 47 años, es sospechoso de haber utilizado su posición en la familia real para obtener contratos de dos gobiernos regionales mediante una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Noos, que él presidía. Las cantidades concernidas ascienden a 6.6 millones de dólares.