Piden investigar a Moncada Luna por presunto enriquecimiento injustificado

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo esta mañana que a Moncada Luna “le toca explicar” cómo consiguió ambos inmuebles.

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Alejandro Moncada Luna llegó a la Corte, en 2010, de la mano del entonces presidente Ricardo Martinelli. Alejandro Moncada Luna llegó a la Corte, en 2010, de la mano del entonces presidente Ricardo Martinelli.
Alejandro Moncada Luna llegó a la Corte, en 2010, de la mano del entonces presidente Ricardo Martinelli.

¿De dónde proceden los fondos que utilizó el magistrado Alejandro Moncada Luna para adquirir dos apartamentos valorados en más de $1.7 millón? 

Esa es la pregunta que se hacen los presidentes de dos órganos del Estado, dirigentes gremiales y miembros de la sociedad civil organizada, al conocer que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compró viviendas en dos condominios en Coco del Mar –uno de ellos, al contado– en los últimos cuatro años y medio, según una investigación del diario La Prensa, publicada hoy.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo esta mañana que a Moncada Luna “le toca explicar” cómo consiguió ambos inmuebles.

Le llama la atención –agregó– que las compras se hicieran al contado, cuando “el resto de los ciudadanos” que adquiere una vivienda lo hace a través de una hipoteca.

Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que cabe una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y espera que el resto de los magistrados no guarde silencio, como ha sucedido en otras ocasiones.

El artículo 351 del Código Penal entiende que hay enriquecimiento injustificado “ no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”.

El mismo artículo señala que: “ El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar, será sancionado con prisión de tres a seis años”. La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de 100 mil dólares.

“La misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado”. Castillo dijo que la comunidad está indignada y entre hoy y mañana la Alianza presentará la denuncia correspondiente ante la Asamblea Nacional para que den inicio a las investigaciones y Moncada Luna sea separado del puesto.

“El magistrado debe explicarle al país de dónde obtuvo los fondos para adquirir esos apartamentos y hacer pagos al contado”, y agregó que los jueces están para administrar justicia y no para enriquecerse injustificadamente.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, tiene varias décadas ejerciendo la abogacía y dijo que “nunca había visto” un caso como el publicado hoy. “Si al magistrado Moncada Luna se le demuestra que los bienes no fueron bien adquiridos entonces que sean entregados al patrimonio estatal”, planteó Álvarez en TVN Noticias.

Álvarez anunció que escribirá una nota al actual presidente de la CSJ, José Ayú Prado, para que convoque a una reunión del “consejo judicial”, una instancia de consulta y vigilancia del comportamiento ético de los magistrados y jueces.

Para el expresidente del CNA, Rubén Elías Rodríguez, urge actuar ante este último cuestionamiento a la imagen del Órgano Judicial. “El asunto debe ser aclarado [por Moncada Luna] y las autoridades anticorrupción deben iniciar una investigación sobre el caso, porque Moncada Luna debe justificar la procedencia de ese dinero”, dijo Rodríguez.

Antes de llegar a la Corte, Moncada Luna hizo una declaración patrimonial en la que dijo ser propietario solo de una camioneta 4X4 del año 2005 y un reloj de oro tipo “Presidente”.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, dijo que es necesario una rendición de cuentas, lo que incluiría divulgar las declaraciones notariadas. “Creo que la declaración de bienes debe ser pública”, afirmó esta mañana en Telemetro Reporta.

(Con datos de Cinthia Almanza)

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