Políticos, representantes de gremios y miembros de la sociedad civil manifestaron su indignación por la noticia: el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, y su esposa Pilar, adquirieron con salarios de funcionarios dos apartamentos valorados en 1 millón 724 mil 200 dólares. Pagaron en efectivo.
Uno de los primeros en reaccionar fue Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional, quien instó a la sociedad civil organizada, en especial al Colegio Nacional de Abogados (CNA) a que presente ante el Legislativo cualquier denuncia que crean pertinente, contra el expresidente de la CSJ.
“En este caso, le digo a toda la sociedad, al Colegio Nacional de Abogados que presente la denuncia y se lleve directamente a la Secretaría General de la Asamblea con todas las pruebas y que la comisión de Credenciales automáticamente establezca una subcomisión para ver la denuncia pertinente”, dijo.
Al ser consultado si como diputado presidente de la Asamblea puede interponer directamente esta denuncia, señaló que quedaría impedido para actuar en caso de que la investigación prospere. Dijo que la Asamblea puede iniciar un proceso en contra de Moncada Luna en la Asamblea, si se presenta la denuncia. “Esta es una labor de la Asamblea, hacer lo que establece la Constitución”, argumentó.
Tras calificar de impactante la información publicada en La Prensa, Valderrama manifestó que hay que buscar la rendición de cuentas para todos, y en este caso, señaló, nuevamente habría que ver si la Contraloría General de la República hará una auditoría pertinente para obtener las pruebas de esta información.
EL PAPEL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Pero Valderrama no fue el único que se pronunció sobre el asunto en el Legislativo. La diputada independiente Ana Matilde Gómez aseguró que la Asamblea no debe dejar pasar la oportunidad histórica que se le plantea para cumplir con su rol constitucional: llevar adelante cualquier investigación contra Moncada Luna. “Quiero llamar la atención a otro ente del Estado que tiene que ejercer su rol fiscalizador. Me pregunto: ¿dónde está la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?, ¿dónde está la alerta que se debió emitir para que esos bancos o las entidades financieras que estuvieron de por medio en cualquier actividad financiera (...) para disponer en el sistema financiero de más de un millón de dólares en efectivo?”.
En el Ejecutivo las reacciones surgieron desde las primeras horas de la mañana de ayer. El propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo: “desde hace más de dos años, el Frente por la Democracia, cuando se creó, estaba señalando al señor Moncada Luna. (...) Le toca explicar; que explique... Llama la atención que se compren ese tipo de propiedades al contado, eso siempre tiene el respaldo de una hipoteca a 15 años, como lo hacemos los ciudadanos de este país”, advirtió el mandatario minutos antes de la inauguración del museo de la Biodiversidad, donde se encontró con su exaliado político, el expresidente Ricardo Martinelli, quien no escatimó para defender a Moncada Luna.
“Estoy seguro que él puede justificar cada real que tiene”, expresó Martinelli, el hombre que en enero de 2010 nombró a Moncada Luna como magistrado de la CSJ. “Si quieren acusar mediáticamente a una persona, dejen que esa persona se defienda. Es muy injusto acusar a alguien y hacer lo que se está haciendo sin presentar las pruebas”, agregó.
Desde la sociedad civil también reclamaron acciones concretas por parte de la Asamblea. El Movimiento Independiente por Panamá, a través de un comunicado manifestó: “las acusaciones son muy graves, esto no puede de ninguna manera quedar en el olvido, la Asamblea Nacional tiene que intervenir, es su obligación demostrarnos que tiene la capacidad de investigar estas graves acusaciones, para devolvernos la esperanza de que no vivimos en una república bananera, y de que la justicia puede realmente ser imparcial y efectiva”.
“No comprendemos cómo alguien podría impartir justicia desde una silla podrida. ¿Con qué capacidad moral podría firmar una sentencia, y salir cada tarde a dormir en un apartamento que no puede justificar que posee?”, manifestaron.
Mientras que Alianza Ciudadana Pro Justicia, solicitó mediante un comunicado la renuncia del magistrado. “El clamor ciudadano es que renuncie”, expresaron. De no hacerlo, la Asamblea debe pedir la “separación inmediata” del funcionario. “Moncada Luna no debe seguir administrando justicia mientras estos hechos no se aclaren”, advirtieron.
Por su parte, Eloy Alfaro, abogado y exembajador de Panamá en Estados Unidos, es otro que afirma que hay que investigar el caso. “Lo que hemos presenciado en los últimos cinco años, bajo la administración Martinelli, describe el pasado período como un carnaval de corrupción que se ha estado manifestando en todos los niveles desde los más altos, a los más bajos”, sustentó.
En tanto, Ramón Fonseca Mora, vicepresidente del oficialista Partido Panameñista y ministro consejero del gobierno de Varela, manifestó que “toda figura pública debe poder justificar el origen de sus activos. La esposa del rey no solo debe ser honesta, sino parecerlo”.
FACULTAD LEGISLATIVA
¿Cómo sería el proceso para juzgar a un magistrado de la CSJ? De acuerdo con el artículo 160 de la Constitución es función judicial de la Asamblea conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la carta magna o las leyes.
El Código Procesal Penal establece en su artículo 478 la competencia del Legislativo para juzgar a los magistrados de la CSJ por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. El procedimiento para juzgarlos está plasmado en el artículo 467 de este mismo código (ver tabla).
Si la investigación prospera y Moncada Luna se ve obligado a dejar el puesto, sería el segundo magistrado de la Corte nombrado por Martinelli en dejar el puesto. En abril de 2011, José Abel Almengor renunció a su cargo de magistrado de la CSJ luego de denuncias formuladas en su contra en la Asamblea por delitos contra la administración pública. Se le acusó de haber participado en un complot para sacar a Ana Matilde Gómez, de la Procuraduría.
OTRAS RENUNCIAS
Pero la vida nacional registra varios casos relacionados con renuncias de magistrados del palacio Gil Ponce. Luego de la invasión, en 1989, renunciaron a sus puestos Marisol Reyes, Gustavo Escobar, Manuel J. Calvo, Dilio Arcia, Bernabé Pérez, Jerry Wilson, Rafael Domínguez, Isidro Vega y Rodrigo Molina Amuy.
El 2 de enero de 1990, en la primera resolución del Consejo de Gabinete, el presidente Guillermo Endara nombró a ocho nuevos magistrados: Carlos Lucas López (en reemplazo de Escobar), Raúl Trujillo Miranda (de Calvo), Fabián Echevers (de Pérez), José Manuel Faúndes (de Domínguez), Aura E. Guerra de Villalaz (de Wilson), Arturo Hoyos (de Arcia), Edgardo Molino Mola (de Reyes) y César Quintero (de Vega). Ratificó en su cargo a Molina Amuy.
Cuatro años después, el 3 de enero de 1994, Lucas López presentó su renuncia por razones “personales”. Lo sustituyó Oswaldo Fernández. Un año más tarde, en 1995, el magistrado Faúndes fue separado de su cargo por el pleno de la Corte mientras la Asamblea lo procesaba. El entonces procurador José Antonio Sossa le acusó de corrupción. El 11 de abril de 2000, la Asamblea dictó un fallo y lo restituyó en su puesto, pero en 2002, con 86 años, renunció para acogerse a la jubilación.
¿Cuál será la suerte de Moncada Luna? Por el momento, su destino está en manos de la Asamblea.
(Con información de Yahir Leis Alvarado)
Para el analista político Edwin Cabrera la divulgación de noticias sobre la compra de apartamentos al contado, por parte del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, confirma la necesidad de que la población entienda de que debe exigir que los servidores públicos declaren sus bienes patrimoniales.
Cabrera opinó que enun Estado democrático es importante que la población tenga confianza en los servidores públicos y en la labor que realizan en el engranaje estatal.
Destacó que esa confianza se logra cuando los funcionarios reportan sus bienes antes de entrar al puesto e igualmente cuando lo abandonan. “Eso es lo que va a generar confianza”, precisó.
A su juicio, si no se hacen estas declaraciones el país puede entrar en una irremediable crisis.
También criticó la existencia de un supuesto pacto entre el Legislativo y el Judicial. “Hay una Asamblea Nacional que no investiga a los magistrados y unos magistrados que no investigan a la Asamblea”, sentenció.
La Constitución señala que es la Asamblea la que juzga a los magistrados de la Corte y, a su vez, es el Órgano Judicial el que investiga las denuncias contra los diputados. Recordó que fue La Prensa la que también publicó la compra de apartamentos por parte de diputados.
En concreto, se refirió a la nota titulada: “La fortuna sonríe a diputados tránsfugas”, publicada el pasado 3 de abril de 2013, en la que se destacó que los diputados Abraham Martínez (San Miguelito) y Nelson Jackson (Colón) compraron lujosos apartamentos tras su cambio del Partido Revolucionario Democrático (PRD) al entonces oficialista Cambio Democrático.
Opinó que este tipo de hechos crean el caldo de cultivo para que en las futuras campañas surjan candidatos mesiánicos, como Hugo Chávez Frías en Venezuela.