Aurelio Barría no sospechaba cuánto iba a cambiar su vida a su regreso de un viaje a las Filipinas.
Era 1987. Presidía entonces la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. “Fui invitado en 1986 por el National Democratic Institute (de Estados Unidos) junto con el sacerdote Femando Guardia y un magistrado del Tribunal Electoral, como observador internacional de las elecciones parlamentarias en Filipinas tras la caída del dictador Ferdinand Marcos, y para conocer el movimiento cívico Namfrel (National Movement for Free Elections)“, cuenta.
El aprendizaje, pensaba él, le serviría para aportar soluciones al problema de legitimidad democrática de Panamá en ese entonces. En 1989 habría nuevas elecciones. Pero el país vivía bajo la dura sombra de los militares y en particular, la de Manuel Antonio Noriega.
A su regreso a Panamá, cuenta Barria, empezó a organizar a miembros de la sociedad civil para realizar un trabajo similar al que había visto. Así nació el Movimiento Nacional de Elecciones libres y Honestas (Modelho ). “Cuando se conocieron las explosivas declaraciones del coronel [Roberto] Díaz Herrera, los ciudadanos del país reaccionamos. Convocamos en la Cámara de Comercio a esos grupos cívicos, empresariales y a la Iglesia católica, y constituimos así la Cruzada Civilista Nacional el 9 de junio de 1981”.
De la noche a la mañana, Barría terminó a la cabeza de un movimiento que desafiaba a Noriega, pero por medios pacíficos.
“Yo tenía una responsabilidad ciudadana como presidente de la más importante organización empresarial del país”, dice.
La mayoría de los líderes de la Cruzada Civilista eran muy jóvenes. “Esto fue circunstancial”, dice Barría. “Las organizaciones de la sociedad civil contaban con un liderazgo joven”.
-¿Temió por su vida en algún momento?
El riesgo existía. “Cada uno es dueño de su propio miedo”, dijo un célebre líder civilista. Yo tenía el temor de lo que pudiera ocurrirle a mi esposa e hijos, más que a mí. Siento que actuamos de acuerdo con nuestras convicciones. No me arrepiento.
- ¿Qué tanto se involucró Estados Unidos?
Sentimos que en el pasado hubo cierta responsabilidad por parte de algunos organismos del Gobierno de Estados Unidos que contribuyeron a crear las Fuerzas de Defensa, que con la excusa de la defensa del Canal se convirtió en un ejército dirigido por militares corruptos. Ellos pusieron al doberman. Ahora les tocaba sacarlo.
-¿Fue la invasión algo ‘deseado’ o pedido por los civilistas?
La quiero comparar con lo que sucedió en Europa en la Segunda Guerra, cuando las fuerzas aliadas liberaron Francia (de los nazis). No la invadieron. Los panameños civilistas no íbamos a sacar a los militares armados, con pañuelos, pitos y pailas. Lo que hicimos fue un sacrificio para alertar al mundo. El sentimiento con la invasión fue mixto. De tristeza, por un lado, porque para liberar al país murió mucha gente inocente. Sin embargo, al haber desbaratado ese cuerpo militar, sentimos la oportunidad de emprender un futuro sin la amenaza de un régimen corrupto y antidemocrático.
-30 años después, ¿qué logros y que retos quedan?
Hace 10 años al cumplir los 20 años de la invasión en 2009, sobre esa pregunta, comenté que tenemos que fortalecer el proceso de la democracia participativa y habiendo tenido elecciones libres y honestas, consideraba que los partidos políticos tienen que cambiar internamente y ganar credibilidad y confianza de los ciudadanos. Hoy 30 años después de la invasión, hemos tenido dos periodos presidenciales, el de 2009-2014 donde vivimos un grave retroceso a la institucionalidad democrática, un gobierno electo que se convirtió en una dictadura civil, donde se atropellaron derechos fundamentales, como la libertad de información, la violación por parte del Ejecutivo al derecho a la privacidad de los ciudadanos entre otros. El Ejecutivo forzó la gobernabilidad promoviendo el transfuguismo de los diputados de la Asamblea y fomento la corrupción gubernamental a niveles extraordinarios antes nunca vistos. El quinquenio que le siguió del 2014 al 2019, que se eligió fundamentalmente para corregir la corrupción gubernamental y el proceso de gobernabilidad cambió la corrupción de transfuguismo a donaciones y planillas abultadas para nombramientos clientelistas de los diputados. La Administración de Justicia ha ido perdiendo la confianza y la credibilidad, elemento que un sistema de gobierno democrático requiere como seguridad jurídica. Que esperamos, que el nuevo gobierno del presidente Laurentino Cortizo, pueda realizar los cambios necesarios para fortalecer las instituciones democráticas y devolverle la credibilidad y confianza de los ciudadanos al sistema de justicia en particular. El proceso para el nombramiento de los recientes Magistrados de la Corte y del Procurador de la Nación, han sido aceptados positivamente como un paso importante en esa dirección. Pero todavía hay temas como el Proyecto de las Reformas Constitucionales que van a requerir de nuevas consultas y de eliminar aquellos cambios que se aprobaron en la Asamblea Nacional.
El presidente Cortizo, aunque su partido político tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, tiene el reto de mantener un nivel de gobernabilidad lejos de las imposiciones y demandas económicas de los diputados para disponer de fondos públicos, funestos precedentes que los diputados de la Asamblea han querido imponer y exigir para la aprobación de leyes y de ratificación de nombramientos. La autoridad que la Constitución Política les otorga a los diputados para ratificar el nombramiento principalmente de magistrados, procuradores y contralor de la República, no significa que las personas que ocupen estos cargos le deban lealtad y obediencia, cuando deben demostrar su independencia, en el cumplimiento de sus funciones que solo requiere el deber de cumplir correctamente con las leyes y a la Constitución.
Treinta años después de la formación del movimiento civilista ciudadano, contra la dictadura hace 32 años, que llevó a una lamentable invasión militar, hemos vivido una transición y cambios importantes en el país, a pesar de la actual debilidad de las instituciones democrática que tenemos todos la obligación de rescatar y fortalecer, hacemos referencia a la efectiva recuperación de la administración del Canal a manos panameñas, es un elemento importante en nuestro desarrollo al igual que grandes inversiones públicas y privadas que han permitido avances y modernización del país, a pesar de los sobrecostos y vicios de corrupción que han tenido obras de infraestructura pública. Sin embargo, estamos muy deficientes en los niveles de educación de nuestra población que debe ser objeto de una Agenda Nacional prioritaria. El tema de salud y la seguridad social de nuestros asegurados tiene que ser objeto de un profundo análisis y evaluación de las serias medidas que la Caja de Seguro Social requiere tomar con el reto del costo político que ello conlleva, pero que los gobiernos no pueden postergar.
El futuro del Canal de Panamá requiere importantes inversiones para asegurar tener las reservas de agua para mantener su eficiente funcionamiento. El gobierno actual adicionalmente enfrenta una difícil situación fiscal por los niveles de deuda pública acumulados y de decrecientes ingresos corrientes provenientes de los impuestos y tasas nacionales, en un momento que se requiere de mayores inversiones públicas y privadas para generar empleos. Esto va a requerir de iniciativas y legislaciones que fomenten las inversiones nacionales y extranjeras para afrontar los requerimientos de una población que necesita oportunidades de trabajo, y calidad de vida con mayores niveles de equidad en la distribución de la riqueza nacional, que se genera en un clima de estabilidad y paz social y convivencia pacífica.
