La desconfianza y la incertidumbre generadas por la crisis política, social y económica se apoderaron en los últimos tres años de la década de 1980 del centro bancario internacional de Panamá, formado en ese entonces por 115 bancos.
Durante ese periodo se registraron dos episodios que desestabilizaron el normal desarrollo de la actividad bancaria.
En junio de 1987 se había iniciado la protesta civilista contra Manuel Antonio Noriega y ello provocó el retiro -en el tercer trimestre de ese año- de aproximadamente 940 millones de dólares de los depósitos locales, el equivalente al 20% del total.
En ese mismo tiempo, el Gobierno dejó de pagarles a los bancos comerciales internacionales y a las IFI (Banco Mundial, Fondo Monetario y Banco Interamericano de Desarrollo) las cuotas correspondientes a sus compromisos externos.
Los bancos corresponsales endurecieron sus condiciones de crédito, se suspendieron los avances abiertos de tesorería y se incrementaron para algunas entidades panameñas los costos del dinero en los mercados internacionales.
La reacción natural de la banca fue reducir su exposición crediticia para convertirla en liquidez.
La coincidencia de un menor flujo de préstamos y de un estancamiento de las finanzas públicas por razón de la crisis fiscal (que estaba latente desde 1982), produjo una reducción en el PIB del 8%.
La segunda etapa de esta crisis −según recuerda el economista Juan Luis Moreno Villarreal− transcurrió a principios de marzo de 1988 cuando el Gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones económicas contra el Gobierno de Panamá.
Esto incluyó la congelación de los depósitos del Gobierno en cuentas en ese país, restricciones a las empresas americanas para el pago de impuestos y la suspensión de los pagos al Gobierno por la operación del Canal.
Ante la falta de dinero circulante y las presiones de retiro de dinero, el 3 de marzo de 1988 la Comisión Bancaria Nacional, presidida por el entonces ministro de Planificación y Política Económica, y hoy administrador del Canal Ricaurte Vásquez, ordenó el cierre temporal de todos los bancos de licencia general.
Según narró Edgardo Lasso Valdés, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá desde 1987 hasta 1991, el temor de los depositantes surgió porque el Gobierno comenzó a divulgar, a través de volantes, que los bancos estaban a punto de cerrar sus puertas al público y que se debía retirar el dinero cuanto antes, pues se iba a retirar el dólar y a poner en circulación el balboa como papel moneda de Panamá.
En una entrevista con este medio, el entonces presidente de la junta directiva del Banco General, Federico Humbert, y su gerente, Raúl Alemán, reconocieron que fueron días difíciles para todos los bancos del sistema.
“No era un tema sistémico, no importaba el nombre del banco, ni la procedencia del banco, era un asunto político”, resaltó Alemán.
En 1988, la cartera interna de créditos cayó en 560 millones de dólares y los depósitos en 630 millones de dólares, con el resultado de una disminución de los recursos externos de 263 millones.
Ese año la economía decreció en un 16%.
En aquella ocasión, Humbert recordó que al tratar de ver cómo se le encontraba una salida al problema, él y otros banqueros viajaron a Estados Unidos a explicarles a las autoridades lo que estaba sucediendo, pero los intentos fueron infructuosos, recordó Humbert.
Alemán, quien era uno de los representantes de la banca en la Comisión Bancaria, recuerda que luego del cierre de los bancos había que buscar el mecanismo más prudente para su reapertura, y ello fue objeto de “largas e intensas discusiones” a lo interno de la entidad reguladora.
Luego de profusos e intensos análisis y de tomar ciertas precauciones, los bancos reabrieron el 9 de mayo de 1988 en horario especial, luego de nueve semanas de cierre forzado.
Para ello se restringió el retiro de dinero sobre depósitos a plazo, locales y extranjeros, sobre cuentas corrientes y de ahorro. Varias semanas después de la reapertura se permitió aumentar un poco el porcentaje mínimo de retiro y tres meses después se autorizó el descongelamiento de los fondos en cuentas corrientes, aunque se mantuvieron por tres meses adicionales las restricciones en las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo.
Fueron tiempos muy difíciles. Ante la escasez de circulante, empresarios y banqueros agudizaron el ingenio para ver de qué manera se mantenía la economía funcionando.
Los billetes que circulaban, especialmente los de baja denominación, parecían verdaderos papiros. Se pasó al sistema de trueque para la cancelación de deuda o para las operaciones de compraventa.
La Comisión Bancaria autorizó a los bancos más grandes del sistema la emisión de unos nuevos instrumentos llamados certificados de depósitos e inversión (CEDI) con respaldo de los pasivos congelados.
Los CEDI se convirtieron en medios de pago para ciertas transacciones especiales, como la adquisición de bienes raíces, de artículos de consumo durable o, simplemente, de intercambio por otros valores financieros.
Estos instrumentos, en la mayoría de los casos, se vendían con descuento que fluctuaban entre 5% y 25%, para obtener más liquidez.
Se puede afirmar que se creó un mercado bastante transparente de estos papeles, a pesar de que aún no existía en Panamá una bolsa de valores organizada
“Se dio una economía paralela que de alguna u otra forma permitía que la economía funcionara pero sin crecimiento”, resaltó Alemán.
Fueron tres años intensos no solo para los bancos, sino también para las empresas y los trabajadores, que lograron establecer mecanismos de entendimiento a fin de mantenerse a flote durante la crisis.
Concluida esta etapa el proceso de recuperación de la economía y de la actividad bancaria fue bastante rápida.
Como se trató de una crisis política y no sistémica, los depositantes no perdieron la confianza en los bancos y eso permitió que poco a poco se fuera normalizando la actividad bancaria.
Los bancos comenzaron, durante el primer año de recuperación, diversas campañas para captar fondos. “Fueron planes muy interesantes de captación de depósitos, y la cartera comenzó a crecer”, destacó Alemán. Dio como ejemplo que en un solo año el Banco General logró captar casi $100 millones en depósitos.
Mucho ayudó, a juicio del banquero, además de que el sistema bancario panameños siempre fue muy autorregulado, el hecho de que el país quedó en manos de personas que habían sido elegidas por votación popular, y estaban comprometidas con la recuperación al país.
“La recuperación fue bastante rápida. Una vez se restableció el tema político, la actividad bancaria empezó a normalizarse, el Gobierno gestionó líneas de garantía con Estados Unidos, pero no llegaron a utilizarse”, dijo.
El cierre del sector bancario no produjo la quiebra de ningún banco cuando las actividades se reiniciaron. Los analistas de la época vaticinaban un caos bancario al momento de la descongelación de fondos. Cuando ello sucedió de manera completa en 1990, el sistema se equilibró rápidamente.
El sistema monetario-bancario panameño ha tenido la característica histórica de que, aunque hayan cerrado bancos, el sistema no se contagia; y, además, que ha cerrado el sistema sin que ningún banco hubiese desaparecido como consecuencia de ello, incluso sin seguros explícitos o implícitos de depósitos. La presencia de la banca extranjera y de bancos nacionales fuertes ha sido la clave de este éxito.