JOSE OTERO jotero@prensa.com La Corte Suprema de Justicia autorizó al Ministerio Público a cumplir con la asistencia judicial solicitada por las autoridades judiciales de Guatemala para que investiguen la supuesta vinculación de panameños con las cuentas abiertas en bancos locales y las sociedades anónimas sospechosas ligadas al presidente saliente de Guatemala, Alfonso Portillo.
Esta investigación en Panamá surgió como respuesta a un exhorto internacional presentado desde octubre del 2002 por la entonces fiscal contra la corrupción de Guatemala, Karen Fischer.
La asistencia judicial pedía a Panamá, basada en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, agilizar los trámites para levantar el secreto bancario de 14 cuentas de funcionarios guatemaltecos, entre los que podría estar incluido el presidente Portillo.
En las 14 cuentas investigadas aparecen el vicepresidente de la República de Guatemala, Francisco Reyes; su hijo Juan Reyes Wyld, presidente del Instituto de Fomento Municipal de Guatemala; el secretario privado del gobernante, Julio Girón; un amigo personal del presidente, César Medina; y Juan Riley, cuñado de Portillo.
La Sala Cuarta de Negocios Generales, con la ponencia del magistrado César Pereira Burgos, avaló la petición de la fiscalía anticorrupción de Guatemala para que se investiguen en Panamá las sociedades Inversiones Segovia, S.A., Hamish Holdings, S.A., Ocean Petroleum, S.A. y Corder Associates, S.A.
Según el exhorto judicial guatemalteco, publicado íntegramente en diarios de ese país, estas sociedades efectuaron sus negocios con el apoyo de la firma de abogados panameña Suárez, Castillero, Holmes y Richa, y también con la supuesta colaboración de los panameños Ana Isabel Carrillo, Eyra de González, Elvis Omar Pérez e Idis Griselda Suárez de Castillero, a los cuales se pide su testimonio al respecto.
También se acordó tomar declaración y solicitar documentación que posea el periodista del diario La Prensa de Panamá Rolando Rodríguez, por la publicación que hizo en marzo del 2002 titulada Conexión Panamá, a efecto de que manifieste quién le suministró dicha información que produjo el origen de esta investigación penal.
De igual forma, las autoridades guatemaltecas pidieron entrevistar al abogado panameño Sydney Sittón Ureta, no en calidad de imputado, sino como otra de las personas que puede brindar información referente a esclarecer este caso.
En otra parte solicitan verificar por las instituciones públicas panameñas las veces que aterrizó el avión presidencial de la República de Guatemala SK-300 matrícula TG-CPG, y el avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca BE-90 matrícula TG-CFA, en el período comprendido entre el 14 de enero de 2001 hasta octubre del 2002, debiéndose individualizar los nombres de los pasajeros, tripulación en cada vuelo y la razón de dicha visita y los costos económicos.
También se pide recabar información en la Dirección General de Migración de Panamá para determinar si estas personas usaron el control que la ley establece, y si se registraron tanto ingresos de los funcionarios guatemaltecos Alfonso Antonio Portillo Cabrera, Juan Francisco Reyes López, Julio César Girón Barillas, Juan Francisco Reyes Wyld; así como de los particulares guatemaltecos Juan Antonio Riley Paiz, César Augusto Medina Farfán, Carlos Arturo Villalta De Paz, y Douglas Mauricio Urrutia Jerez, por los aeropuertos de la República de Panamá. En este caso se pide obtener informes de todos los ingresos y salidas de esas personas .
En total, son 32 diligencias judiciales pedidas por las autoridades guatemaltecas a sus homólogos panameños.
Las investigaciones en Panamá han sido comisionadas a la fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, lo relacionado con las declaraciones juradas y al fiscal segundo antidrogas, Patricio Candanedo, lo pertinente a las cuentas bancarias.
Los delitos investigados por las autoridades guatemaltecas son los de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado y malversación de fondos estatales.
Las autoridades panameñas habían asegurado que en estas sumarias no se había encontrado ningún nexo de panameños con estas transacciones bancarias investigadas.
