La política de financiamiento de la estatal Caja de Ahorros (CA) era tan extensa que incluía préstamos para yates, millonarias inversiones hoteleras y proyectos bajo el esquema de “llave en mano”. También aceptaba garantías riesgosas como respaldo para el dinero otorgado.
Todo ocurría en la administración de Ricardo Martinelli, durante la gerencia de Jason Pastor y Riccardo Francolini como presidente de la junta directiva.
Aunque la actual dirección, liderada por Mario Rojas, guarda silencio absoluto de cada uno de estos casos, este medio conoció que se analizan los movimientos de la cartera corporativa y se ejerce presión para que algunas cuentas morosas sean canceladas.
De hecho, el secuestro de 14 fincas en los proyectos de playa Ibiza Playa Coronado y en Ibiza Playa Corona han dejado al descubierto la forma en la que funcionaba el llamado “banco de la familia panameña”.
El operador de los dos condohoteles, R.G. Hotels, obtuvo un préstamo por $5 millones al poner en garantía fincas en las que se encuentran las áreas comunes de ambos proyectos.
La CA aceptó un lobby, terrazas y áreas sociales como garantía para el financiamiento. Pero, tras incumplimientos en los pagos, el secuestro imposibilita el uso de estas área.
Por ello se ha desatado una disputa entre propietarios de los apartamentos, el promotor del proyecto y su pasada administración, vinculando a los funcionarios que aprobaron el financiamiento en la CA.
Ayer, una querella penal fue presentada por varios propietarios del proyecto ubicado en Coronado, para que se investigue la supuesta comisión de delito de corrupción de servidores públicos, peculado y abuso de autoridad.
En lo que respecta a peculado, el Código Penal considera que aplica para “el servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes cuya administración percepción o custodia le hayan sido confiados a razón de su cargo será sancionado con prisión de cuatro a 10 años”.
Si la cuantía de lo apropiado supera los $100 mil o si los bienes y valores estuvieran destinados a proyectos de interés social, la pena será de 8 a 15 años.
La Ley 52 de 2000, que reorganizó la Caja de Ahorros, faculta al banco estatal a financiar proyectos inmobiliarios, pero su misión establece que su objetivo “es realizar la función social primordial de coadyuvar a la solución del problema de vivienda de interés social y a la ejecución de programas de educación y fomento del ahorro en todas sus variantes”.
Este medio envió un cuestionario a la CA solicitando información de los préstamos otorgados en la pasada administración, pero se informó que no pueden hacer del dominio público “información confidencial sobre sus clientes, sus operaciones o cualquier proceso legal que se esté realizando”.
Sin embargo, sí se comunicó que la entidad fue creada, primordialmente, para coadyuvar a la solución del problema de vivienda de interés social y a la ejecución de programas de educación y fomento del ahorro en todas sus variantes.
“La nueva administración de este banco está encaminada en que la institución se enfoque en su esencia” para crear más oportunidades y beneficios para todos los sectores del país y orientar todos sus esfuerzos para que sean más panameños puedan tener una mejor calidad de vida.
Luis H. Moreno, exgerente del Banco Nacional de Panamá, indicó que la única forma de evitar casos de corrupción en el sistema bancario es castigar fuertemente a las personas que lo comenten, y mucho más si son fondos estatales.
Al cierre de esta edición se intentó contactar a Pastor y a Francolini, sin tener éxito.
Áreas públicas son inalienables
En el artículo 15 del Régimen de Propiedad Horizontal, del 18 de junio de 2010, se establece que son bienes comunes y de dominio inalienable: los bienes necesarios para la existencia, seguridad, salubridad, conservación, apariencia y funcionamiento de las unidades inmobiliarias. Y aquellos que permiten a todos y a cada uno de los propietarios el uso y goce de una unidad inmobiliaria.
Para José Batista, viceministro de Vivienda y director de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda durante la administración de Martín Torrijos (2004-2009), las áreas comunes son un patrimonio de todos los propietarios de un complejo residencial que esté amparado bajo el régimen de propiedad horizontal.
“No importa si la propiedad es un apartamento residencial o si funciona como un condohotel. Si está bajo el régimen de propiedad horizontal” no se pueden dividir las áreas comunes para traspasarlas a un tercero o para obtener un financiamiento bancario”, destacó.