La investigación se inició la semana pasada, luego de que la televisión tica transmitiera una denuncia que acusaba a una empresa presidida por Calderón de beneficiarse con 440 mil 500 dólares provenientes de un préstamo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adquirió con el Gobierno de Finlandia, para la compra de equipos médicos.
Costa Rica también pidió que se investigue a las empresas panameñas Oscol S.A., O. Fischel R. Inc. y Sultana Panamá, a fin de determinar si tienen vinculación con dos transferencias efectuadas en 2003 y el pasado 9 de enero, por 300,000 y 140,500 dólares, respectivamente.
La diligencia judicial estuvo a cargo de la fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, quien recopiló la información requerida por sus homólogos, Yara Esquivel y Juan Carlos Carrillo, y la envió ayer al despacho del Procurador General de la Nación.
La procuradora suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, dijo que solo se permitió que los funcionarios costarricenses tomaran notas del contenido del expediente.
Un tribunal de justicia de Costa Rica dictó ayer, lunes, un impedimento de salida del país para el ex presidente Rafael Angel Calderón, en relación con este caso.
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