El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha hecho los cálculos de lo que han dejado de percibir miles de personas en concepto de salarios, a raíz de la crisis provocada por las medidas económicas y sanitarias adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.
Desde marzo de 2020 hasta abril de 2021, los trabajadores en suspensión laboral, reducción de jornada y terminación de contrato -luego de ser reactivados- han dejado de recibir la suma de $1,935.7 millones.
La peor parte la han llevado quienes fueron suspendidos de sus puestos de trabajo debido al cierre de actividades y el lento regreso a la normalidad por los aforos y medidas de bioseguridad que se deben cumplir.
Para la mayoría de las empresas ha sido imposible llamar a la totalidad de sus trabajadores debido a la acumulación de compromisos, insolvencia y el reducido flujo de caja.
El Mitradel estimó que, debido a la suspensión temporal de contratos, los trabajadores que han estado o siguen en este estatus han perdido salarios por $1,762.9 millones; otros $103.6 millones corresponden a quienes se les ha reducido la jornada laboral, y $69.2 millones están vinculados con trabajadores a quienes se les levantó la suspensión laboral, pero luego se reportó la terminación de su contrato.
Estas proyecciones se han hecho considerando el salario promedio en Panamá, que es de $721.90 al mes.
La ministra de Trabajo, Doris Zapata, precisó que se han registrado 284 mil 209 contratos suspendidos durante la pandemia, de los cuales se han reactivado 154 mil 425.
Además, contabilizan 32 mil 252 modificaciones de la jornada laboral, la mayoría en Panamá, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste y Herrera, y 14 mil 714 contratos que llegaron a su fin luego de levantarse su suspensión.
Estos cálculos son estimaciones que podrían estar por debajo de las cifras reales, ya que no todos los empleadores han registrado la terminación de la relación laboral con sus trabajadores.
Zapata ofreció el detalle de dichas cifras ayer, en la reunión del diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS), advirtiendo que toda la descomposición por la que ha pasado el mercado laboral tiene una incidencia en las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y en todos los programas que administra la entidad.
La cuota que pagan conjuntamente los trabajadores y las empresas financia los programas que maneja la CSS, a cargo del sistema de pensiones y servicios de salud. Y en la medida que culminen contratos o se desmejoren las condiciones de trabajo, así mismo se disminuirán los aportes.
La crisis puntual del mercado laboral a raíz de la pandemia no es el único desafío que enfrenta el sistema de pensiones.
El país tiene problemas estructurales en el campo del trabajo.
Hay 371 mil 567 personas desocupadas y 777 mil 162 informales no agrícolas que, en su mayoría, no estarían cotizando a la CSS el pago de las cuotas que alimentan el sistema de IVM.
Hoy, dos de cada tres trabajadores son informales o funcionarios y esto no es sostenible ni para la CSS ni para las finanzas públicas.
La comparecencia de Zapata en la mesa del diálogo ofrece un punto de partida para cuando la plenaria discuta las fórmulas que se podrían aplicar para hacer posible el ingreso de los informales como cotizantes de la entidad.
Además, las cifras expuestas harán parte del análisis futuro respecto al impacto que tendrían las reformas paramétricas para extender la vida del subsistema exclusivo de beneficio definido de IVM.
El problema de fondo es que este subsistema cada vez recibe menos ingresos en concepto de cuota obrero-patronal, y se enfrenta a gastos crecientes para pagar las pensiones a los jubilados.
Los ingresos anuales no alcanzan para el pago de las pensiones; las reservas que se utilizan para tapar el faltante se agotarán antes de 2024, y el aporte que hace el Estado no es suficiente para encarar prestaciones económicas por más de $1,800 millones al año.
Ayer, Zapata ofreció una pequeña luz en el tormentoso camino por el que han transitado los trabajadores.
Dijo que para finales de año se podrían registrar cerca de 200 mil nuevos contratos.
Sin embargo, esto no significa que se agregarán 200 mil empleos a la economía de forma indefinida.
Como referencia, en 2019, antes de la pandemia, se registraron 378 mil contratos en el Mitradel; sin embargo, la población ocupada creció en 52,040 nuevos empleos, todos informales.
