En los primeros ocho meses, la planilla estatal reportó un gasto de $2 mil 919 millones o un crecimiento de 6.4%, con relación al mismo periodo del año pasado, según el informe de la Contraloría General de la República.

En los últimos cuatro meses, el gasto mensual para pagar salarios en el Estado fue de más de $370 millones, en medio de la pandemia que ha generado una caída en la recaudación de ingresos en el Estado de más del 30% y un incremento en el endeudamiento para cubrir el déficit.

El gasto de la planilla en agosto totalizó $376 millones, $24.1 millones más que los $352 millones que hubo en el pago de salarios estatales en agosto de 2019.

El gasto va en forma ascendente pese a que en agosto hubo una reducción de 561 funcionarios en el aparato estatal, luego de hacer el balance entre los nuevos nombramientos y los que terminan el servicio con el Estado. Hubo una disminución de 1,749 funcionarios eventuales en algunas entidades y un aumento de 1,228 funcionarios permanentes.

Igualmente, el gasto creció aunque el gobierno anunció hace unos meses que se habían congelado 10 mil vacantes, para bajar el gasto.

Se percibe un problema en el manejo de los fondos por parte del gobierno para darle prioridad a lo más importante, señala el abogado Ernesto Cedeño, luego de la lectura del informe de la Contraloría.

“El gobierno, al parecer no está priorizando el recurso económico en medio de la pandemia, entonces nos estamos endeudando y de una u otra manera esto nos va a afectar a todos”, dice Cedeño.

Añade que no solo es un problema con el manejo de la planilla, si no con otros gastos como la contratación de consultorías y mediante la contratación directa por la pandemia.

“Además de la reflexión como ciudadano y la actuación que debemos tener para exigir la rendición de cuentas a las autoridades, también debemos exigir el cumplimiento a las autoridades de investigación y que los funcionarios lleven el mensaje de que deben cumplir con la buena administración de la cosa pública”, agregó Cedeño.

En agosto, comparado con el mismo mes del año pasado, hubo una reducción de 613 empleados en el Ministerio de Educación; 563, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.; 326, en el Ministerio de Salud; 177, en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; 156, en la Universidad Tecnológica de Panamá; 151, en el Ministerio de Obras Públicas; 150, en la Universidad Especializada de las América; 148, en la Contraloría General de la República, y 138, en el Ministerio de Economía y Finanzas.

La planilla consta de 84 entidades conformadas por 26 del Gobierno central, 36 de las instituciones descentralizadas, 14 de las empresas públicas y 8 de los intermediarios financieros. La misma, excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento. Igualmente, se excluyen los pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.

Proyecto sin efecto

A mediados de julio, el Ejecutivo llevó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, a través del vicepresidente José Gabriel Carrizo, para aplicar descuentos en los salarios de los funcionarios, pero no prosperó.

Se pretendía reducir el salario del presidente Laurentino Cortizo y el vicepresidente Carrizo en 50%, mientras que a los ministros, viceministros, administradores y subaministradores, directores de entidades, asesores y otros, se les aplicaría una disminución del 25% en el salario para reducir el gasto público en medio de la pandemia.

Sin embargo, aunque el proyecto de ley no fue atendido por los diputados, miles de funcionarios públicos aceptaron descuentos voluntarios para apoyo al plan solidario. Entre estos funcionarios estaría el presidente de la República y otros empleados públicos, pero no existe constancia del mecanismo de descuento para donación.

De acuerdo con el informe de planilla del Ministerio de la Presidencia, Cortizo devenga $7 mil al mes, de los cuales $4 mil son de salario y $3 mil de gastos de representación. Carrizo también recibe $7 mil, divididos en $3,500 de salario y $3,500 de gastos de representación.

Brecha en pago de salarios en el Estado por las mismas funciones

La brecha de género promedio en una entidad puede llegar hasta $117 mensuales, una cifra elevada si se tiene en cuenta que ocupan el mismo cargo en la misma entidad. Lo anterior es parte del análisis de planillapty, una plataforma creada con el apoyo del Centro Internacional de Periodístas (ICFJ, por sus siglas en inglés), y RowSums (RS). Como parte de las conclusiones de la investigación se encontró que hay mayor cantidad de mujeres que hombres en los salarios más bajos. Igualmente, la mujer se apodera del rango de ingresos entre $1,700 y $2,200, habiendo 50 mujeres por cada 29 hombres. Para los rangos más altos, mayores a $3,000, los hombres son 13% más y están 5% mejor pagados, lo que se traduce en $2,800 anuales más que lo devengado por una mujer.