El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral mantiene el registro de 261 mil trabajadores con contratos suspendidos en unas 17 mil empresas.
El estatus de estos contratos en suspensión puede mantenerse hasta por cuatro meses, en muchos casos próximos a vencer, por lo que el sector empresarial ha pedido que se permita extender ese periodo hasta diciembre, lo que haría posible la entrada gradual de los colaboradores según sea la realidad de cada actividad.
Sin embargo, Eduardo Gil, uno de los representantes de los sindicatos en la mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo laboral, dijo ayer que esto “no es negociable”.
Por parte de los trabajadores, Gil advierte que este es un tema en el que no se llegó a ningún acuerdo en el diálogo. “La extensión por más de cuatro meses de la suspensión de los contratos planteada por los empresarios implica la modificación del Código de Trabajo y no podemos aceptarlo”, dijo Gil, de la Confederación Convergencia Sindical.
Para varios representantes del sector privado hay una esperanza en que se logre un acuerdo transitorio sobre este punto en la plenaria, convocada para hoy, previendo que la situación de muchas compañías no permitirá contratar a todos sus trabajadores cuando inicien operaciones.
Es decir, que si no se llega a un consenso, muchos de los que hoy tienen sus contratos suspendidos quedarían desempleados. Por el contrario, explican, que con la suspensión del contrato los colaboradores continuarían en la planilla hasta que la empresa les pueda llamar en los próximos meses.
En este tema, y para entender el avance del diálogo, se intentó tener la versión de Julio de la Lastra, presidente del El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en calidad de vocero del sector privado en el proceso, pero al cierre de esta edición no respondió a los mensajes de este medio.