La carga salarial de la planilla estatal siguió subiendo en 2020, poniendo presión a un gasto operativo que contribuyó al deterioro de las cuentas fiscales en medio de un histórico desplome del 17.9% de la economía, una consecuencia directa de las restricciones impuestas por el Ejecutivo en sus esfuerzos por contener la propagación del nuevo coronavirus.
El reporte más reciente de la Contraloría General de la República señala que solamente en el mes de diciembre de 2020 el gasto en planilla fue de $383.9 millones, es decir, $20.3 millones más que los $363.6 millones registrados en diciembre de 2019.
Si se analiza el año 2020 completo, el gasto en salarios brutos fue de $4,441 millones, cifra que representa un aumento de $267.95 millones o 6.4% si se compara con los $4,173 millones gastados un año antes.
El gasto en planilla estatal ha subido considerablemente año tras año. En 2015, los salarios brutos ganados por los funcionarios sumaban $2,787 millones. De manera que entre 2015 y 2020 el gasto se ha elevado en un 59.3%.
El número de funcionarios también aumentó, pero en menor proporción.
Al término de 2015 habían 222,125 funcionarios, según los reportes de la Contraloría, mientras que el año pasado cerró con 242,240 trabajadores. Entre 2019 y 2020, se produjo una ligera reducción de 134 personas en el número de empleados públicos.
La Contraloría señaló que la planilla reportada consta de 84 entidades, entre las que se incluyen las que componen el gobierno central, las instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros. No se incluyen datos de “la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento”, recoge el reporte.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han señalado en varias ocasiones que la principal variable que incide en el incremento del gasto en planilla tiene que ver con leyes especiales que establecen aumentos automáticos en determinados grupos de funcionarios. El MEF ha señalado también que en la reestructuración del presupuesto de 2020 tras la llegada de la pandemia hubo ajustes en el gasto en planilla y que se congelaron 10,000 posiciones vacantes.
En julio del año pasado el Ejecutivo presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para reducir temporalmente el salario de funcionarios de cierto rango, pero la iniciativa no ha progresado en el debate legislativo. Mientras, desde el sector privado se ha reclamado solidaridad por parte del sector público.
El exviceministro de Economía Domingo Latorraca dijo ayer a este diario que se esperaría un sacrificio de aquellos que no han tenido una función en el control de la pandemia, especialmente de los que vieron su carga de trabajo reducida.
“Es un poco difícil para la sociedad asimilar que en medio de esta pandemia que le ha costado tanto al país haya un aumento de 6.4% en el gasto de planilla, cuando lo que debería haber es una reducción o por lo menos estabilidad”, sostuvo.
Con los casi $268 millones que aumentó el gasto en planilla en 2020 se podría haber concedido una ayuda de $240 mensuales a más de 93 mil personas durante todo un año.
El consultor y especialista en el mercado laboral René Quevedo manifestó que “el impacto laboral de la Covid-19 lo sufrió exclusivamente el sector privado, que perdió unas 327,340 plazas de trabajo, es decir, 37% de sus empleos formales, cifra consistente con el 40% de reducción reportado en los ingresos provenientes de la cuota obrero patronal, por parte de la Caja del Seguro Social en el 2020”.
El especialista comentó que la participación del empleo formal en el sector privado ha ido perdiendo peso dentro de la composición total de los empleos del país desde 2013 y que “los aumentos en la planilla estatal han enmascarado la verdadera capacidad de la economía para generar empleo”. Como resultado, dijo que actualmente dos de cada tres trabajadores son informales o funcionarios.
Este proceso de “precarización y estatización del empleo” tiene “importantes repercusiones fiscales”, porque los trabajadores asalariados contribuyen a las finanzas del Estado a través de tributos como el impuesto sobre la renta, el seguro educativo y los aportes a la Caja de Seguro Social.
Quevedo señaló que igual sucede con el salario de los funcionarios, “pero al ser el Estado el empleador, es sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro. Los informales, por su parte, aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal”.
Este año, con el cierre de actividades económicas y las restricciones de movilidad, los ingresos corrientes del sector público cayeron drásticamente y el Gobierno, según reconoció el propio ministro Héctor Alexander, tuvo que contratar deuda para poder cubrir el gasto operativo, una ecuación que también se espera para este 2021.
En este escenario, adquiere especial importancia la recuperación de la economía y “un plan de reconstrucción de las fuentes de empleo, sobre todo formal”. Esto será fundamental para reactivar el empleo y para sanear las finanzas públicas.
