Cuando el Ejecutivo decreto el emergencia nacional a causa del brote del coronavirus, inmediatamente el Gobierno quedó con el camino despejado para hacer contrataciones directas por $50 millones, lo que pone a prueba el poder de fiscalización de la Contraloría General de la República respecto al uso de los fondos públicos.
Transparencia Internacional hizo un análisis en el que enfatizó que “el llamado a la transparencia en las compras y contrataciones públicas es la solución para prevenir que su mal uso cueste vidas innecesariamente, y es la prevención para actuaciones delictivas”.
La Contraloría dijo estará pendiente de que dichas compras cumplan con lo que dispone una guía de fiscalización aprobada por la entidad a raíz de la declaratoria del estado de emergencia a causa del brote del Covid-19 en Panamá.
La guía se adoptó el pasado 13 de marzo, cuando el Ejecutivo decretó el estado de emergencia nacional, que entró a regir el viernes 27 de marzo, con la promulgación en la Gaceta Oficial 28990-A de 2020.
El director nacional de Fiscalización General, Jorge Luis Quijada, aseguró que toda compra de bienes o servicios que incumpla con la guía de fiscalización o en la que se le detecten irregularidades, “no contará con el refrendo de la Contraloría”.
Para el refrendo de pagos, se debe verificar que el expediente cuente con el aviso de operaciones y paz y salvo vigentes, la gestión de cobro con retenciones correspondientes, el nombre del beneficiario igual a la orden de compra, la partida presupuestaria debidamente comprometida y devengada, el recibido conforme, y el cheque de pago con el nombre del contratista y el monto correcto.