La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) afirmó que ha actuado en estricto apego a las condiciones del contrato con el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y negó que haya realizado alguna acción de manipulación a algún banco.
El consorcio que integran la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Cusa recibió $868 millones en adelantos con el respaldo de cartas de crédito para construir el tercer juego de esclusas.
De este total, tanto Banistmo como Scotiabank han tramitado las extensiones de cartas de créditos por $548 millones hasta diciembre de 2018, como lo establecía el contrato. Sin embargo, las cartas de crédito de los $320 millones restantes las debía renovar GUPC en diciembre o devolver el monto, pero no cumplió ninguno de los dos puntos, hecho que obligó a la ACP a acudir a Londres, Inglaterra, para reclamar este pago ante los tribunales.
Según una publicación aparecida en Expansión de España, “Sacyr y sus socios han pedido a la Corte de Arbitraje de Miami que adopte medidas cautelares contra la ofensiva de ACP”.
El contrato y los acuerdos firmados entre el consorcio y la ACP establecen que cualquier reclamo se debe resolver siguiendo las tres instancias: primero ante la ACP, luego ante la junta de resolución de conflictos o DAB por sus siglas en inglés y, en caso de que la decisión no sea del agrado de alguna de las partes, recurrir al arbitraje como último árbitro.