La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió de que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) se podría convertir en juez y parte en el sector eléctrico si gestiona los actos de concurrencia de compras de energía, algo que queda consignado en el proyecto de ley 573, que reforma la Ley 6 de 1997 que dicta el marco regulatorio para la prestación del servicio de electricidad.
En concreto, la propuesta legal señala en su artículo 23 que “la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos preparará el pliego de cargos, coordinará y dirigirá los actos de concurrencia para la compra de potencia y/o energía, así como también se encargará de la evaluación, asignación y adjudicación de los contratos de suministro a las empresas distribuidoras”. Actualmente, las compras de energía son gestionadas por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), que, al igual que las distribuidoras y generadoras, es supervisada por la ASEP.
La Apede solicitó a la Asamblea Nacional que se baje a primer debate el proyecto de ley y “se retome la discusión con todos los sectores”.
#APEDEahora APEDE solicita que se baje del primer debate el proyecto de ley 573, que modifica la ley 6, por la cual se dicta marco regulatorio para la prestación del servicio de electricidad y se retome la discusión con todos los sectores. pic.twitter.com/VDC8Edh9lM
#APEDEahora APEDE solicita que se baje del primer debate el proyecto de ley 573, que modifica la ley 6, por la cual se dicta marco regulatorio para la prestación del servicio de electricidad y se retome la discusión con todos los sectores. pic.twitter.com/VDC8Edh9lM
— APEDE (@Apedeorg) October 24, 2017
Además del rol de la ASEP, el gremio empresarial recomienda una mayor discusión sobre la elección de los miembros de la junta directiva de Etesa, que “debe ser en base a mérito y contar con la participación de sectores representativos de la sociedad civil organizada”; sobre los cambios propuestos en las restricciones de las empresas de generación “enviarían un mensaje negativo respecto a la estabilidad del clima para inversionistas en Panamá y además, podrían poner en peligro la viabilidad de proyectos importantes, necesarios y beneficiosos para el país”.
La Secretaría de Energía señaló que la Ley 6 tiene una vida de 20 años y “es de rigor” optimizar este marco jurídico. Además, rechazó “toda aseveración sobre nuestro interés en aprobar este proyecto sin su debida discusión”.