Para detener las prácticas monopolísticas y anticompetitivas en el mercado, se deben aumentar las multas a las empresas que infringen la ley, planteó ayer el administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Óscar García Cardoze.
Asimismo, indicó que Panamá debe tener un sistema judicial más efectivo en el que se tomen decisiones más rápidas sobre si se transgredieron o no las normativas de competencia, en lugar de esperar entre 5 y 10 años para un dictamen final.
El funcionario sugiere que en Panamá debería aplicarse un esquema como en otros países, en el que las multas se cobran en función a los ingresos de las empresas involucradas en actividades anticompetitivas. Para ello, ha planteado algunas reformas en este sentido ante el Ministerio de Comercio e Industrias.
“Las empresas tienen que empezar a sentir que les cuesta transgredir las normas de competencia”, afirmó el funcionario.
Actualmente, se pueden aplicar sanciones económicas hasta por $1 millón, dependiendo del tamaño de la empresa y de la gravedad de la falta.
“Necesitamos fallos más pronto de los tribunales y que el monto de las multas empiece a tener un rol fuerte que no tiene, a pesar de que la ley se modificó hace 10 años y se aumentó el monto de 100 mil a un millón [de dólares], y que es bajo comparado con cualquier país que tenga un registro de actuaciones en casos de competencia”, puntualizó García Cardoze.
CAMBIO DE PERFIL
Con motivo de celebrarse hoy el Día Nacional de la Libre Competencia, que se estableció mediante decreto ejecutivo No. 2 de 12 de enero de 2011, el administrador de la Acodeco hizo un repaso de cómo se encuentra Panamá en esta materia.
En ese sentido, reconoció que se ha dado un cambio en el perfil de las investigaciones que adelanta la autoridad.
Desde hace 20 años, la Acodeco ha llevado adelante diversas investigaciones que tienen que ver con conductas anticompetitivas y que han involucrado a empresas harineras, estaciones y distribuidoras de combustibles, así como azucareras, molinos de arroz y empresas avícolas. En algunos casos, hubo sanciones y en otros, arreglos judiciales a través de transacciones.
A pesar de que se siguen haciendo las investigaciones en el sector privado, la Acodeco se ha enfocado en diligencias vinculadas a las licitaciones públicas, en las que el Estado es el principal afectado.
Es así como en tiempos atrás, la Acodeco ha demandado a empresas que se han visto involucradas en irregularidades en actos públicos para la compra de insumos para la Caja de Seguro Social, de mochilas escolares, de la adquisición de granos para el Programa de Ayuda Nacional (PAN), y muy recientemente, de la galleta nutricional y bebida láctea para el Programa de Alimentación Complementaria del Ministerio de Educación.
En la actualidad, también adelantan una investigación contra varias distribuidoras de medicamentos por presunta colusión [pactar un acuerdo para perjudicar a un tercero].
García Cardoze dijo que este cambio de perfil en las investigaciones se debe a que en el Estado hay mayor acceso a información, ya que se pueden revisar pliegos de condiciones, adendas, informes de comisiones evaluadoras y los resultados de las adjudicaciones de las obras o servicios.
No obstante, subrayó que el mercado privado es más difícil por esa falta de información. “Si no recibimos denuncias de clientes afectados o de consumidores, no hay una información pública ni tampoco vienen empresas que estaban en un cártel arrepentidas a colaborarnos, realmente es difícil armar casos así [de colusión]”, afirmó el administrador de la Acodeco.
En estos momentos se adelantan unas 24 investigaciones por prácticas monopolísticas, informó Harmodio Cedeño, encargado de la Dirección Nacional de Libre Competencia de la Acodeco.
Desde 1997 hasta la fecha, la Acodeco ha logrado recaudar $4 millones 60 mil por casos demandados y transacciones en materia de libre competencia, detalló Cedeño.