Se espera que un comité del Senado brasileño recomiende que 12 ejecutivos actuales y anteriores de Vale S.A., incluidos el director financiero, Luciano Siani y el exdirector ejecutivo Fabio Schvartsman, enfrenten acusaciones penales por el desastre fatal de la represa en enero.
El relator de la comisión propuso las acusaciones después de una investigación parlamentaria de dos meses y medio de duración sobre la causa de la ruptura de la presa que dejó al menos 246 muertos y desató un mar de barro sobre la ciudad de Brumadinho, donde Vale tenía una mina de mineral de hierro inactiva.
El informe dice que la compañía fue negligente y que sus controles de riesgo y cumplimiento fueron defectuosos.
Si se aprueba, como se espera, el informe se enviará a varias autoridades brasileñas, incluida la Policía y los fiscales federales y estatales, así como al gobernador de Minas Gerais y los ministerios de Energía y Medio Ambiente.
El informe, que será votado por el comité el 9 de julio, tiene un peso político y envía un mensaje de los legisladores a su electorado, pero dependerá de las autoridades decidir la acción legal.
Los certificados estadounidenses de depósitos en custodia del mayor productor de mineral de hierro del mundo cayeron 4.9% a 13.25 dólares en Nueva York, en camino a su mayor pérdida desde el 6 de febrero.
La oficina de prensa de Vale dijo que la compañía con sede en Río de Janeiro esperará a que se le notifique oficialmente el informe del Senado antes de proporcionar cualquier comentario sobre el informe parlamentario.
Tolerancia al riesgo
El intento de Vale de reducir los costos resultó en una mayor tolerancia a los riesgos, según el informe, que recomienda acusaciones penales por homicidio, lesiones corporales y daños ambientales.
También sugiere que las autoridades continúen investigando a Vale y sus ejecutivos.
El informe también recomienda acusaciones para dos personas de TÜV.
Los fiscales federales de Minas Gerais ya están investigando a Vale en casos que permanecen en secreto. Aún no han acusado criminalmente a nadie. En Brasil, los fiscales y la Policía pueden recomendar una acción penal a un juez.
La compañía estima que invertirá 469 millones de dólares hasta 2023 para garantizar la seguridad de las estructuras que quedaron débiles de la mina Corriente del Frijol, en Brumadinho, incluyendo trabajos de remoción de desechos y de recuperación ambiental.