Si no se adoptan las medidas necesarias para afrontar la disminución de reservas del programa que soporta el pago de pensiones se estará generando el caldo de cultivo para una crisis política y económica en el país.
Esta es una de las ideas planteadas ayer en el foro “Crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) y su impacto en la sociedad panameña”, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
El economista Felipe Chapman señaló que la primera consecuencia sería política y recordó que el inicio de la crisis que padece Nicaragua tuvo su origen en unas reformas al sistema de pensiones.
Si, como se estima, las reservas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte se agotan en 2025, el gobierno tendría que asumir el costo.
“Si no hacemos nada, habrá una crisis económica que pondrá en jaque las finanzas públicas, arriesgando la calificación de riesgo del país y dificultando el acceso a recursos. Los impuestos tendrán que ser utilizados para hacer frente a la situación y de una crisis política pasará a una crisis económica”, apuntó Chapman.
Por su parte, el empresario César Tribaldos señaló que el déficit actuarial, es decir el dinero que hace falta para garantizar las pensiones de las personas que ya están jubiladas, es de $12,000 millones. “Al próximo gobierno no le queda alternativa que realizar la reforma o de otra forma estará limitado para ejecutar obras sociales”, dijo el empresario, para quien es clave la concienciación de la población, especialmente de la más joven, para lograr una solución que evite una crisis de consecuencias impredecibles.