La plataforma de internet Airbnb, que permite a propietarios ofrecer sus bienes como hospedaje, está dispuesta a crear los vínculos para que las operaciones que se generen en Panamá paguen impuestos.
Ejecutivos de la compañía que tiene 3 mil 200 propiedades enlistadas en el país han sostenido dos reuniones con el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, para aclarar su presencia en el país.
Hoteleros indican que en los últimos años ha crecido el número de apartamentos y propiedades que se arriendan con fines turísticos, sin que estas operen en igualdad de condiciones, específicamente con la carga impositiva que deben asumir los hoteles.
La tendencia panameña sigue el curso de lo que sucede en el mundo. Airbnb no posee inmuebles, pero a través de su plataforma se pueden alquilar millones de propiedades en todo el mundo. Son el vivo ejemplo de lo que llaman economía colaborativa, una tendencia mediante la cual las personas ponen a disposición sus bienes. En ese caso, alquilan sus apartamentos, casas o habitaciones.
Estimaciones de la ATP indican que un 20% de los turistas que ingresan al país se quedan en lugares no acreditados como hospedaje turístico, situación que pone presión sobre el sector que registra una ocupación de 50% en la ciudad capital.
Him señaló que durante una reunión que sostuvo en Washington con representantes de Airbnb, estos le informaron que la plataforma está dispuesta a pagar impuestos en Panamá.
“Ellos [Airbnb] hace poco firmaron un acuerdo con Puerto Rico, donde se comprometieron a cobrarle el impuesto a los dueños de las propiedades, fondos que debe transferir a las autoridades de la isla”, explicó el funcionario.
Nosotros estaríamos interesados en un acuerdo similar, pero primero queremos hacer las consultas con el sector privado. “Esto no significa que debemos pedir permiso a los empresarios, pero no vamos a hacer nada a espaldas del sector hotelero, y mucho menos algo que perjudique a la industria”, acotó el funcionario.
En la ciudad capital hay un inventario de 20 mil habitaciones, de las cuales unas 6 mil se construyeron entre 2010 y 2015.
Este crecimiento provocó una sobreoferta de cuartos en la provincia de Panamá, lo que desencadenó una guerra de tarifas, provocando que los precios cayeran más del 30% y afectando la rentabilidad de los hoteles.
Para que la actividad de un hotel sea rentable se necesita una ocupación superior al 70% y la mayoría de los hoteles en la ciudad están por debajo de ese margen.
Empresarios consultados indicaron que las autoridades deben poner un límite al número de propiedades que se ofrecen como hospedaje público, si quieren proteger al sector hotelero que paga impuestos y genera más de 135 mil 822 plazas de trabajo directas e indirectas en todo el país.
La Ley No. 80 del 8 de noviembre de 2013, en su artículo 21, prohíbe el arrendamiento en edificios o residencias sin permiso de alojamiento turístico en el distrito de Panamá por un período de 45 días o menos.
Dicho artículo también establece que las autoridades de turismo impondrán multas de 5 mil dólares, hasta los 50 mil dólares, dependiendo de la gravedad de la falta, o si la persona es reincidente.
Además de imponer sanciones a los propietarios de los apartamentos que son ofrecidos como local de hospedaje, las sanciones también se aplicarán a las personas que publiquen anuncios a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo correos electrónicos.
En internet se pueden encontrar ofertas de hospedaje por menos de 50 dólares diarios en zonas como San Francisco, Paitilla, Punta Pacífica y El Cangrejo.
En varios países de la región se han hecho modificaciones legales para que Airbnb pague impuestos.
La empresa creó un canal para que sus usuarios puedan alquilar propiedades u ofrecer habitaciones para alojamientos transitorios, con la misma flexibilidad que un hotel. El concepto ha sido un éxito, mientras los hoteleros reclaman igualdad de condiciones operativas para todas las empresas.