Mientras gremios de consumidores interpusieron una demanda ante la Corte Suprema por el reciente aumento en la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito aduciendo que no hubo la debida consulta, la empresa que se dedica a la recolección de desechos en ese sector de la capital asegura que cumplieron con todas las normas de transparencia para aplicar el ajuste.
El viernes pasado la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) presentó una acción de nulidad en la sala tercera de la Corte contra el acuerdo No. 61 del 16 de agosto de 2016 que emitió el Consejo Municipal de San Miguelito.
En el acuerdo se autorizó al alcalde Gerald Cumberbatch suscribir una adenda de modificación para el ajuste en la tarifa de los servicios de recolección con la compañía Recicladora Vida y Salud, (Revisalud San Miguel, S.A.).
El referido acuerdo municipal fijó incrementos entre $0.46 y $3.52 para los contribuyentes residenciales, mientras que para el sector comercial las alzas van de $1.93 a $185.71 (Ver tabla).
Uncurepa, a través de los abogados del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), señaló que no se cumplió con los artículos 24 y 25 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002 sobre transparencia, que obliga la aplicación de algún mecanismo de participación ciudadana para aplicar el aumento.
El abogado Giovani Fletcher, presidente de Ipadecu, aseguró que el Concejo presumió haber agotado el mecanismo de la Ley 6, sin que hubiera quedado registrada la fecha de celebración de la consulta ciudadana, la cual le hubiese permitido a representantes de miles de hogares que tienen que pagar esta tasa discutir tales aumentos, que parecen “superiores” al nivel que pagan corregimientos o barrios de la ciudad de Panamá como San Francisco o Betania.
Fletcher aseguró que el Concejo incurrió en los mismos vicios de un acuerdo similar de 2012, en el que se aumentó la tasa de aseo en San Miguelito sin la debida consulta ciudadana. La medida quedó anulada en un fallo reciente de la sala tercera de la Corte.
No obstante, el acuerdo No. 61 destaca en una de sus partes que se apegaron a lo que señala la Ley 6 sobre participación ciudadana, por lo que se hizo la convocatoria a través de medios escritos, celebrándose el 11 de agosto pasado una reunión en la que participaron moradores y ciudadanos del distrito.
Las autoridades aseguran que las convocatorias se realizaron durante tres días a inicios de agosto en tres diarios nacionales, y que luego la reunión se celebró en la infloplaza de la Alcaldía de San Miguelito. A esta reunión acudieron unas 70 personas, de los 70 mil suscriptores que tiene Revisalud.
Defensa del ajuste
Revisalud expuso ante el Concejo y el alcalde lo que motivó el aumento, el cual fue generado por las pérdidas millonarias que registran año tras año, debido a la alta morosidad que mantienen los residentes y negocios comerciales de ese sector.
En septiembre pasado, la mora que mantenían residentes y comercios de nueve corregimientos de San Miguelito con Revisalud era de $26 millones 149 mil 224, según datos de esta compañía.
Aunado a esta realidad se incluyen los costos básicos que enfrenta la empresa, como lo son en concepto de diésel, neumáticos, combustibles, lubricantes, salarios, entre otros gastos.
Directivos de Revisalud dicen que los gastos sociales que genera un trabajador también impactan los costos de la compañía. Estos comprenden uniformes, guantes y botas, entre otros implementos.
Ricardo René Rodríguez, director comercial de Revisalud, argumenta que la tasa de aseo no registrará un alza, sino un ajuste cónsono con la realidad económica de la empresa y el país.
Dijo que la compañía no está exenta de lo que sucede en el país en cuanto al alto costo de la vida, detallando que son una empresa privada que tiene que comprar el combustible —a pesar de que el precio se ha mantenido estable en los últimos meses— pero el costo de los repuestos si está sujeto a incrementos, basados en logística por traerlos del exterior.
Recordó que para que no le rechazaran este nuevo ajuste, en vista a un anterior fallo de nulidad de la Corte, sustentaron ante el Concejo lo que era la realidad económica de la empresa.
El director comercial de Revisalud dijo que considerando el fallo en contra del aumento que se generó en el pasado 2012, tomaron como referencia y como tarifa base los precios establecidos en el decreto de gabinete del 27 de agosto de 1999.
“Los señores que están poniendo la demanda pudieron ir a la consulta ciudadana y hacer los cuestionamientos pertinentes”, reclamó Rodríguez, al tiempo que invitó a cualquier persona que desee conocer el trabajo que ejecutan.
Actualmente Revisalud cuenta con 268 personas temporales dedicadas a la recolección y tienen más de 32 equipos rodantes, por lo que cuenta con una capacidad instalada para recoger 700 toneladas al día. El distrito de San Miguelito genera entre 380 y 425 toneladas diarias de desechos sólidos.
