En las tres últimas décadas, la gestión pública se ha caracterizado por el abultamiento de la planilla estatal con un ejército de más de 150 mil empleados públicos, que devengan salarios de casi mil 300 millones de dólares al año.
La carga de miles de funcionarios ha venido incrementándose año tras año producto de los ofrecimientos que los partidos políticos hacen durante sus campañas.
El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso fue la administración pública que más engordó las filas de empleados al incrementar la planilla en casi 10 mil funcionarios.
ABULTAMIENTO
Las estadísticas de la Contraloría General de la República revelan que al culminar el período de mandato de Guillermo Endara (1989-1994) la planilla se ubicaba en 142 mil 779 funcionarios.
Mientras que la administración de Ernesto Pérez Balladares dejó un total de 150 mil 439 empleados. Mireya Moscoso aumentó los nombramientos 7%, a 160 mil 358.
Según el más reciente informe de la Contraloría, al 31 de marzo de 2006 la planilla se ha reducido en 4 mil 310 funcionarios, ubicándose en 157 mil 340. De estos, el 91% corresponde a empleados permanentes y el remanente, a eventuales. En marzo, el Estado registró una erogación monetaria de 105.3 millones de dólares, lo que representa un gasto de planilla anual de mil 263 millones de dólares. El salario promedio de funcionarios ha subido un 21% en los últimos 12 años.
Ley de Responsabilidad
El peso de la burocracia ha llevado a los dos últimos gobiernos a plantearse una ley de responsabilidad fiscal con el objetivo de reducir la planilla y balancear las cuentas públicas para reducir el déficit fiscal.
En la Ley 6 de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno se trazó varias metas fiscales. Cuando los gastos de la planilla estatal, así como el servicio de la deuda y las transferencias excedan los ingresos del Estado, se requiere hacer ajustes tanto en los ingresos como en los gastos para poder generar ahorro del gobierno y ejecutar programas de inversión pública.
La ley también establece que los contratos por servicios personales no deben exceder el 2% del monto total de la planilla de servicios personales.
Para enero del 2008, según la ley, la estructura de personal del sector público no debe ser superior a la que tenía al 31 de diciembre de 1999, por lo que las instituciones deberán presentar su programa de ajustes de gastos para la aprobación del Consejo de Gabinete a más tardar el 30 de junio de 2006.
Según cálculos de economistas se espera que antes de que el actual gobierno termine su período, la planilla deberá haberse reducido en 40 mil funcionarios.
Adolfo Quintero, presidente del Colegio Nacional de Economistas, dijo que el actual gobierno está haciendo esfuerzos por reducir la planilla estatal, pero eso no significa que hayan disminuido los montos destinados para el pago de salarios.
"La planilla bajó en más de cuatro mil funcionarios, pero el gasto en salario ha aumentado", agregó Quintero.
El Gobierno sostiene que el gasto en la planilla se incrementó producto de los ajustes salariales automáticos de algunos sectores como los médicos, maestros y policías.
Rolando Gordón, ex vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, dijo que todos los gobiernos han aumentado la planilla. "Cuando los partidos políticos llegan al poder botan gente, pero terminan nombrando más empleados de los que despidieron", señaló.
El problema no es tanto la cantidad de funcionarios– dijo– sino la calidad de gente que trabaja en el Gobierno.
Mientras la burocracia aumenta, la población no observa una calidad en los servicios que se prestan, como en las áreas de educación y salud, donde las quejas son constantes. Alexis Soto, un asesor económico, opinó que Panamá requiere de un Estado más eficiente y de una política de ahorro fiscal real.
"El Gobierno ha logrado ahorros en materia de compras estatales, pero la misma eficiencia debiera trasladarse al renglón de salarios estatales para obtener mayores recursos para atender la deuda social".
