El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, confirmó que la subida a la tarifa eléctrica se aplicará a partir del momento en que se anuncie y no será de forma retroactiva.
Esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo sin la nueva tarifa, el Estado deberá asumir, a través de subsidios, el costo extra de la generación eléctrica que debió haber empezado a regir el 1 de julio de este año.
El Estado asume alrededor del 40% del costo de la factura eléctrica en este momento. Si no se concreta un cambio tarifario, el monto que tendrá que pagar el Estado a fin de año a través de los programas de subsidio ascenderá a $476 millones, mientras que solamente hay presupuestados para tal fin $165 millones.
Ello implica que el impacto en el presupuesto sería de algo más de $310 millones.
Esta situación coincide con unos ingresos corrientes más bajos de lo que se esperaba, generando una situación en las finanzas públicas que “no es fácil”, según la propia definición del ministro De la Guardia, que ha recordado en varias ocasiones que la nueva tarifa debió haber sido aprobada por el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
La pasada administración no hizo esta tarea. Por el contrario, congeló la tarifa durante los tres últimos semestres, medida que tuvo como consecuencia el aumento en el gasto de subsidios de una estructura que tiene su origen en la administración de Mireya Moscoso y que ha consumido $1,245 millones de fondos públicos en los últimos 11 años.
Decisión por tomar
El pasado jueves, el Consejo Económico Nacional (Cena) dio su visto bueno para el aporte de $32.5 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), uno de los subsidios que reduce la cuenta a los clientes de menor consumo.
El monto aprobado por el Cena, que todavía deber recibir el visto bueno del Consejo de Gabinete, corresponde a la mitad de los $65 millones ya presupuestados para el FET este año.
Lo que todavía no ha definido el Gobierno es qué parte asumirá para compensar el costo extra en la generación de energía.
Eso es lo que está en discusión actualmente y de ese monto dependerá la subida a la tarifa que pagarán los clientes.
La mayoría de los gremios empresariales del país coincide en la necesidad de ajustar la tarifa de manera que se pague un precio más real por la energía.
Sin embargo, también han advertido de que una eventual subida en la luz impactará en los costos de producción y comercialización y, por lo tanto, repercutiría en los precios al consumidor. Este efecto estaría siendo mirado con especial atención por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, ya que podría ser contraproducente para cumplir con la reducción del costo de la vida, que es su principal promesa de campaña.
El Presidente solicitó a su equipo económico nuevos análisis sobre el impacto que tendría la subida en los grupos más vulnerables de la población.
Según De la Guardia, estos estudios adicionales tomarán alrededor de dos semanas. Entonces se presentarán al Presidente y al Consejo de Gabinete para su aprobación y posteriormente se anunciaría al país y entraría en aplicación.