Tras el cambio de administrador en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se revivió el nombramiento del fiscalizador general, decisión que discutiría mañana la junta directiva de la entidad.
Aunque ya fue abordado en una reunión previa de directivos, se conoció que el tema nuevamente entrará en la agenda del viernes 7 de septiembre.
Trascendió que la semana pasada, 8 de los 11 miembros de la junta de la ACP se reunieron para tratar otros asuntos, cuando de pronto uno de ellos habló sobre la designación del fiscalizador general, mencionando la figura de Antonio Domínguez (hijo) para ocupar el puesto.
Domínguez entró a formar parte de la junta directiva de la ACP en 2002, por designación de la entonces presidenta Mireya Moscoso.
Tras analizar la propuesta de su postulación como fiscalizador, Domínguez recibió el visto bueno preliminar de siete directivos: Norberto Delgado, Eduardo Quirós, Marco Ameglio, Guillermo Chapman, Ricardo De La Espriella, Roberto Roy y Rafael Bárcenas. Adolfo Ahumada, en tanto, se abstuvo.
Los restantes tres directivos (Alfredo Ramírez Jr., José A. Sosa y Nicolás Corcione) estaban ausentes, confirmó una fuente.
En los corrillos de la ACP se comenta que Domínguez, cuya familia es cercana a la expresidenta Moscoso, podría convertirse en un factor político incoungruente con el cargo.
El fiscalizador general o inspector general, como se le conocía a esta figura durante la vigencia de la Comisión del Canal, es el responsable de llevar a cabo y supervisar las auditorías relacionadas con el Canal, debido a que en la entidad no existe el control previo de la Contraloría.
En 1997, el ministro de Asuntos del Canal, Jorge Ritter, acogió la sugerencia del inspector general de ese momento para incluirla en la Ley Orgánica de la ACP.
La oficina del fiscalizador general cuenta con un equipo de 35 auditores e investigadores que se encargan de realizar auditorías operativas, financieras e informáticas en la organización.
Para ocupar el cargo se necesita ser panameño, poseer título universitario y experiencia profesional no menor de 10 años; no haber sido condenado por delito doloso contra la administración pública, no tener parentesco con el administrador o subadministrador o directivos, y haber cumplido 25 años de edad. Actualmente el cargo de fiscalizador lo ejerce de manera interina Elsa M. de Jaramillo, desde la renuncia en abril de 2011 de Víctor Diamond, que ocupó el puesto por más de 15 años.