No es frecuente que Bélgica haga oír su voz en el escenario internacional.
Esta semana promete ser una excepción, porque la coalición gobernante intenta resolver un problema político interno que tiene ramificaciones económicas mundiales.
Wallonia, la región francófona del sur de Bélgica, se opone al borrador del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá y quiere que se reabra –nuevamente– para añadir salvaguardas.
Su posición amenaza con descarrilar el primer acuerdo comercial de la UE con otro miembro del Grupo de los Siete, al que Bélgica también pertenece y que lidera a los países industrializados, al atarle las manos al Gobierno belga, cuyo apoyo es necesario para que sobreviva el acuerdo.
La disputa belga es el primero de tres acontecimientos a observar esta semana para medir el impacto del populismo en la UE de 28 países, en momentos en que se perfila el brexit.
El segundo es una reunión de los ministros de comercio de la UE y el tercero, el encuentro de los 28 líderes nacionales del bloque, incluida la primera ministra británica Theresa May, quien asistirá a su primera cumbre europea.
En juego para los gobiernos europeos está un convenio conocido como Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por su sigla en inglés), que según la UE impulsaría su producción económica en cerca de $13 mil millones al año y aumentaría el comercio entre la UE y Canadá en cerca de un cuarto.
Además, cualquier colapso del CETA le quitaría impulso a una serie de conversaciones separadas de libre comercio que el bloque mantiene con Estados Unidos, Japón y otros países.
Consciente de las posibles consecuencias, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, dijo la semana pasada que el gobierno federal consultaría ayer el asunto con las regiones del país.
En una cabal demostración de fuerza, Reynders añadió que el Gobierno tendría autoridad para aprobar el tratado aunque un parlamento regional vote bloquearlo.
