Las petroleras que ganaron derechos de perforación en el marco de la reforma energética de México han avanzado poco en el desarrollo de los proyectos en medio de los crecientes obstáculos del complejo régimen regulatorio del país, según ejecutivos de empresas y datos oficiales.
México ha subastado más de 100 contratos que han sido adjudicados a compañías extranjeras y locales desde que el presidente Enrique Peña Nieto comenzó a abrir el sector de los hidrocarburos tras una reforma en 2013.
Un nuevo marco regulatorio, en gran parte adaptado de las normas existentes, ha mantenido la mayor parte del petróleo bajo tierra, según muestran datos.
Eso está retrasando los posibles beneficios para México y podría hacer que las reformas sean mucho más fáciles de revertir si los votantes eligen como presidente en las elecciones de julio a un candidato que se opone a la reforma.
Lograr las aprobaciones es un proceso engorroso y arduo que resulta en un significativo punto de estrangulamiento para los pozos de perforación, dijo Craig Steinke, director ejecutivo de Renaissance Oil Corp., que tiene cinco proyectos en México, tres de ellos estancados en el proceso de permisos.
Se necesitan tres días, por ejemplo, para obtener los permisos de perforación requeridos para un pozo en Alberta, Canadá, en comparación con el período de más de un año en México, dijo Steinke.
Durante la vigencia de un contrato, las petroleras deben presentar más de 250 documentos por separado a cerca de una decena de agencias gubernamentales que supervisan desarrollos costa afuera y en tierra.
Antes de la reforma, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) era el único operador y se regulaba en gran medida. La apertura a las empresas privadas marcó el comienzo de un nuevo regulador, conocido como ASEA, que opera bajo un nombramiento presidencial con amplios poderes, pero también un legado de restricciones burocráticas.