La empresa panameña Constructora Urbana, S.A., (CUSA) sigue siendo parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPC), pero no forma parte de los reclamos que ha presentado el grupo, informó el gerente Rogelio Alemán.
Cuando se integró el consorcio para participar en la licitación para la construcción y diseño del tercer juego de esclusas en 2009, la constitución de la sociedad quedó así: un 48% de las acciones para la española Sacyr; 48% de las acciones para la italiana Salini Impregilo; 3% a favor de la belga Jan De Nul; y el 1% de la panameña CUSA.
“Seguimos siendo socio minoritario, pero no tenemos idea de los reclamos que se presentan”, dijo Alemán a este diario.
La consulta surgió a raíz del distanciamiento que se observa entre CUSA y el resto del consorcio en lo que respecta a mayores exigencias económicas a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por los supuestos costos adicionales en la construcción del tercer juego de esclusas.
El último informe trimestral sobre el programa de ampliación del Canal indica que en agosto de 2017, se recibieron dos nuevas solicitudes de arbitraje de GUPC y tres de sus accionistas (Sacyr, S.A., Salini Impregilo, S.p.A., y Jan de Nul), en relación con los reclamos de las compuertas, ajustes de mano de obra, perturbaciones, condiciones físicas imprevisibles y otros.
Estas dos solicitudes reemplazan a las dos recibidas en diciembre de 2016 en relación con los mismos temas, pero presentadas en una instancia previa.
Con las últimas movidas de GUPC, se viola el procedimiento de seguir las instancias correspondientes para presentar los reclamos.
En el contrato firmado en 2009 entre el consorcio y la ACP se establece que los reclamos se debían presentar en tres niveles. El primero es ante la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); el segundo, ante la junta de resolución de conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y el tercero, en el tribunal de arbitraje.
El consorcio, sin embargo, decidió llevar dos reclamos a arbitraje sin que se hubieran resuelto en la segunda instancia o DAB.
En este momento hay un reclamo en arbitraje por $347 millones y dos solicitudes de reclamo por $4 mil 855 millones. Si se suman estos dos montos las reclamaciones ascenderían a $5 mil 202 millones.
Con este dinero se podría construir un cuarto juego de esclusas. Los reclamos superan con creces el monto al que fue pactada la obra, y también el costo total de toda la ampliación.
El programa de expansión del Canal tenía un presupuesto inicial de $5 mil 250 millones. De este total, por el diseño y construcción de las esclusas, a GUPC se le adjudicó el contrato por $3 mil 118 millones.
El año pasado, el administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, dijo ante la Asamblea Nacional que frente a las reclamaciones de GUPC [que han ido en aumento], todos en el Canal están convencidos de que lo único que pueden hacer es pagar lo que el consorcio puede sustentar.
Al mismo tiempo, la ACP ha hecho cálculos de los reclamos y las cifras presentadas son muy superiores a lo que la administración de la vía acuática ha calculado.