En las últimas décadas, América Latina y el Caribe ha tenido un progreso importante en la reducción de la pobreza rural.
Sin embargo, las áreas rurales concentran un porcentaje de pobreza hasta cuatro veces mayor que el de las urbanas y se estima que casi la mitad de su población es pobre, en tanto que una tercera parte vive en pobreza extrema.
Este cuadro de pobreza se agrava por la exclusión de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas en muchas de las políticas de desarrollo de los países de la región.
Considerando que la mayor parte de la población rural tiene en la agricultura (cultivos, pecuaria, forestal, pesca, acuicultura) su principal medio de vida, es evidente la relación de la agricultora y agricultores familiares con varios ámbitos del desarrollo rural. No obstante, se trata de un sector que enfrenta importantes limitaciones, tanto productivas como sociales.
Por ejemplo, mejorar el acceso a recursos productivos como la tierra, el agua, la energía y la infraestructura, además de servicios como el financiamiento, la innovación y la capacitación puede ayudar a la agricultura familiar a fortalecer sus capacidades de producción y organización.
De esta manera, una asociatividad fortalecida y un aumento sostenible de la producción y productividad pueden favorecer la participación de las familias agricultoras en los mercados, en distintos ámbitos y a distintas escalas, desde el aprovisionamiento para la alimentación escolar hasta el abastecimiento de mercados mayoristas.
Ante este contexto cobra sentido reflexionar sobre los caminos que pueden ayudar a nuestros países a transitar hacia el desarrollo rural sostenible.
Se trata, sin duda, de una apuesta de doble vía: al fortalecer los medios de vida en el sector rural también es posible ofrecer a toda la población la oportunidad de acceder a una dieta diversificada y saludable.
Pero no basta con buscar mejorar las capacidades de la agricultura familiar para producir alimentos. Es necesario también reducir las brechas históricas y estructurales que impiden romper con el ciclo de la pobreza rural.
En este sentido, es fundamental el involucramiento de las comunidades en las estrategias de desarrollo rural, prestando atención especial al desarrollo de políticas de protección social basadas en un enfoque de derechos y vinculadas con las políticas y programas productivos.
Lo anterior implica concebir al mundo rural más allá de sus características netamente productivas y reconocerlo como el entramado de relaciones sociales, culturales y económicas, que es en el cual los actores deben asumir el protagonismo de los cambios necesarios.