Los programas de alimentación escolar son uno de los más efectivos de protección social, al garantizar el acceso a alimentos saludables a niñas y niños de poblaciones vulnerables. También representan un instrumento de política fundamental para dinamizar las economías locales si se vinculan con las compras públicas a la agricultura familiar.
En América Latina y el Caribe, y en particular en Centroamérica, la alimentación escolar como política social ha propiciado desde sus inicios la articulación entre nutrición, desarrollo infantil y educación. Ello ha significado la alineación de los “ministerios sociales” con ese propósito, como es el caso de salud, educación y desarrollo social. Esta experiencia articuladora propicia a su vez la unión con otros sectores, como agricultura, desarrollo económico o finanzas, lo que permite generar las condiciones habilitantes para que los agricultores familiares participen de manera incluyente y sostenible en esta estrategia. Si bien no es la única estrategia factible de desarrollo local, sí es una opción provechosa para la agricultura familiar. Por ejemplo, los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) cuentan con una población de cerca de 8 millones de estudiantes que reciben alimentación escolar con un costo promedio estimado de $30 al año. Si el 30% de esos alimentos procediera de la agricultura familiar, significaría en su conjunto un ingreso de $72 millones.
Algunos de los países de la región ya están apostando decididamente por esta estrategia, como es el caso de Guatemala. En su política descentralizada establece que cada centro educativo debe destinar el 50% de su asignación a las compras de productos que provengan de la agricultura familiar, siempre y cuando exista oferta en el mercado local. Esta política también propicia la participación de múltiples representantes de la comunidad en las decisiones del gasto de los programas y genera así una oportunidad de favorecer a sus propios productores familiares. Pero alcanzar este potencial de la agricultura familiar para el acceso a este mercado enfrenta desafíos importantes en los ámbitos normativos, institucionales y de fortalecimiento de capacidades. Entre ellos, destacan los sistemas de registro y certificación de proveedores, servicios de extensionismo y aplicación de buenas prácticas de agricultura y manufactura, desarrollo organizativo, empresarial y logístico, y muy especialmente un ambiente de negocios propicio para su formalización.
Esta semana, Panamá fue el punto de encuentro de técnicos y responsables de planificación, diseño y ejecución de programas de alimentación escolar de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Además de analizar el tema, el encuentro sirvió para debatir sobre los ajustes en los programas nacionales de alimentación escolar para favorecer el acceso a los agricultores familiares a las compras públicas de alimentos de manera efectiva y sostenida en el tiempo.
La autora es oficial de sistemas agroalimentarios de la FAO para Mesoamérica.