La Contraloría General de la República no refrendó los cheques remitidos por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) que otorga fondos a los gremios de los consumidores para desarrollar actividades.
La Ley 45 de 2007, que creó la Acodeco, establece que la entidad dedicará una parte del presupuesto asignado para divulgación de planes, programas y proyectos desarrollados por estos entes en materia de protección de los derechos de los consumidores.
Uno de los argumentos de la Contraloría para no refrendar el pago se fundamenta en cumplir con el capítulo II de la Ley 32 de 1984 sobre rendición de cuentas, donde indica que “toda persona que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague fondos de bienes públicos, está en la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General, en la forma y plazo que esta, mediante reglamento, determine”.
La Contraloría también incluyó en el reglamento como requisito que los gremios de consumidores presenten una fianza de manejo por el 100% de los fondos asignados por Acodeco.
La decisión del contralor Federico Humbert llevó a la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) a presentar recursos legales, entre ellos una querella que fue admitida por el Ministerio Público, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en las modalidades de peculado y abuso de autoridad de los servidores públicos.
Uncurepa afirma que no recibe estos fondos desde 2015 para el desarrollo de actividades a favor de los consumidores.
El dirigente de Uncurepa, Pedro Acosta, sostiene que esos fondos que se les asignan se utilizan para desarrollar actividades de orientación a los consumidores a través de las redes sociales, algunas de las cuales han tenido que suspender.