El contrato del Tercer Juego de Esclusas del programa de ampliación del Canal de Panamá, que se adjudicó Grupo Unidos por el Canal (Gupc) por 3 mil 200 millones de dólares, contempla un mecanismo de reclamos que permite a cualquiera de las partes presentar reclamaciones que se den por la ejecución de la obra.
Cuando se presenta un reclamo este es analizado por la contraparte, quien tiene la potestad de aceptar o rechazar el reclamo o alguno de los componentes de este. Si la parte a la que se le hace el reclamo está en desacuerdo y no lo acepta, la parte reclamante puede elevarlo a la Junta de Resolución de Conflictos (conocida por sus siglas en inglés como DAB), organismo independiente también contemplado en el contrato, compuesto por tres miembros internacionales.
Si la decisión de esta instancia no satisface a alguna de las partes, esta puede llevar su reclamo ante un tribunal de arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, definidas en el contrato.
Ayer en medio de un recorrido que hizo por los trabajos de ampliación del Canal, el presidente Ricardo Martinelli restó importancia al reclamo por 573 millones de dólares que hizo el consorcio Gupc por un supuesto sobrecosto en materiales.
El programa de ampliación, cuyo costo total asciende a 5 mil 250 millones de dolares, lleva un 43% de avance, según la ACP.
Los trabajos de las esclusas tienen un adelanto de 29%, la fabricación de las compuertas se lleva a cabo sin problemas en Italia; las válvulas se construyen en Corea y las primeras deben llegar pronto a Panamá, dijo Ilya Espino de Marotta, vicepresidenta ejecutiva del Departamento de Ingeniería y Administración de Programas de la ACP.
La ejecutiva reconoció que el contratista –Gupc– ha reportado un retraso de seis meses en la ejecución de obras. Debido a este atraso, añadió, es que se han hecho las nuevas proyecciones que indican que el Canal ampliado estaría listo en abril de 2015.