El control de precios se mantiene vigente, a pesar de que empresarios, productores y comerciantes anticipaban que con la caída de la inflación registrada en los últimos meses, la regulación cesaría.
La extensión de la medida por más de dos años llevó a mil 900 empresas que integran la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), a interponer una demanda y una solicitud de suspensión provisional del Decreto Ejecutivo 165 del 1 de julio de 2014, que establece el control de precios.
El gremio solicita a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia decretar la ilegalidad y la nulidad de la medida, que ha sido prorrogada por el el Ministerio de Comercio e Industrias cinco veces, a través de diversos decretos ejecutivos, sin brindar una justificación técnica que sustente la intervención del Estado en el libre desarrollo de la economía nacional, afectando principalmente a comerciantes, según explica el texto.
El recurso está sustentado en el artículo 99 de la Ley 45 de 2007, en que se señala que el control de precios puede ser aplicado como una medida temporal y solo en situaciones en que se advierte la existencia de restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, o el inicio de una política monopolística generalizada, situaciones que no se están generando actualmente.
De acuerdo con los comerciantes, el control de precios produce un perjuicio notorio grave, patrimonial y de difícil reparación.
El control de precios se generó cuando el país enfrentaba una inflación de 4%. Buscaba paliar los precios de 22 productos de la canasta básica por solo seis meses, pero ya han transcurrido más de dos años y los efectos negativos generados por la extensión de la medida tocan a los propios consumidores, el sector productivo y a las cadenas de supermercados.
Luis Hernández, consumidor frecuente de un supermercado de la ciudad, explica que el control de precios no representa un ahorro significativo en sus cuentas.
“Todo está más caro, le bajan el precio a la babilla, pero se lo suben a otro corte de carne, además, no hay calidad en los productos controlados”, dijo.
El control de precios incluye productos como babilla, bistec de cinta con hueso, carne molida de primera, jarrete, pollo, poroto y lenteja, entre otros.
Cuando el gobierno del presidente Juan Carlos Varela lanzó la medida, fue respaldada en su momento por las empresas privadas, productores, consumidores y comerciantes, por tratarse de un mecanismo temporal que beneficiaría a 884 mil familias, que según cifras del Gobierno vivían en situaciones precarias y que con esta maniobra se ahorrarían entre $52 y $58 mensuales.
Actualmente, la historia es otra. Actores que apoyaron la medida “temporal”, han registrado pérdidas millonarias por la extensa regulación. La Asociación Nacional de Ganaderos dejó de percibir cerca de 14 millones de dólares en 2015 a raíz del control de precios, afectando a productores y comerciantes.
Otros que vieron caer sus ingresos fueron los supermercados. Por ejemplo, en 2015 Grupo Rey perdió $7.8 millones de utilidad bruta, a consecuencia del control de precios y aumento de energía.
La Cciap reitera que el control de precios atenta contra los principios de libre competencia que rigen en Panamá. “Con esto no solo se congela el precio de un producto, sino que controla el margen de todos los demás”.
El Ministerio de Comercio guarda silencio frente a la demanda presentada.