Alrededor de 745 corredores de seguros se exponen a perder la licencia que les faculta para ejercer la actividad de venta y renovación de pólizas, así como el cobro de las comisiones.
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros ha suspendido la licencia a 702 personas naturales y a 43 personas jurídicas por incumplimiento de la Ley 23 de 2015, que creó el nuevo marco legal para la prevención de blanqueo de capitales.
Según la norma, aseguradoras y corredores de seguros están obligados a reportar operaciones en efectivo y transacciones sospechosas. Para hacerlo, deben inscribirse en un portal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF en línea) creado para tal efecto.
Aseguradoras y corredores deben remitir sus informes a la unidad de inteligencia, incluso para reportar que no ha habido ninguna operación sospechosa.
El superintendente de Seguros y Reaseguros, José Joaquín Riesen, dijo que se emitieron circulares advirtiendo de la obligación de registrarse en el portal UAF en línea. El 10 de mayo el regulador concedió un plazo hasta el 31 de julio para cumplir con la obligación.
Pasados dos años desde que entró en vigor la ley y vencido el término concedido por la Superintendencia, se llegaron a suspender unas 950 licencias.
La suspensión es por un plazo de tres meses prorrogable otro período similar. Si en ese tiempo no se regularizan (unas 200 empresas ya lo hicieron), el regulador cancelará las licencias, que son necesarias para ejercer.
Riesen dijo que se trata de una medida drástica, pero señaló que “debemos hacer cumplir las normas que aprobamos como país”.
En la Ley 23 de 2015 se identifican las profesiones que deben reportar las transacciones sospechosas.
Dentro de las actividades financieras, el sector seguros es el que tiene mayor cantidad de sujetos obligados (2,400).
En febrero de 2016, luego de aprobar el paquete de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera en la que había entrado en 2014 por la debilidad de su marco legal para combatir estos delitos.
Este año, el brazo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera está haciendo una nueva evaluación del país, que incluyó una visita en mayo para calibrar la efectividad y aplicación del nuevo marco legal.
