A casi dos años de haberse interpuesto una demanda de nulidad, por ilegal, contra el contrato entre el Estado y Traffic Safety, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene silencio.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo no ha resuelto la demanda, pese a que el reglamento interno establece un período de 30 días para hacerlo. El caso, sin embargo, no ha estado inamovible, ha pasado por el rechazo, luego por apelación y más tarde fue admitido.
El magistrado Alejandro Moncada Luna frenó la admisión de la demanda en contra del contrato de concesión entre el Estado y Traffic Safety, empresa que tiene la exclusividad para operar un sistema de cámaras de control de velocidad y la emisión de multas por infracciones.
El recurso de nulidad fue presentado por la firma forense Rivera, Bolívar y Castañedas, en representación de la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos (ANAV) el 31 de agosto de 2012.
Cinco meses después, Moncada Luna negó la admisión de la demanda, porque –según él– esta debía resolverse a través de una acción de “plena jurisdicción” y no por la vía de la CSJ.
Advirtió, después de analizar las pruebas presentadas, que los demandantes alegaban una supuesta lesión personal y no un daño colectivo. Opinó que la Sala Tercera no tenía injerencia en el caso.
Moncada Luna es el mismo magistrado que intentó revivir la Sala Quinta, una movida que otorgaba control de la CSJ al ahora presidente saliente Ricardo Martinelli, a través del nombramiento de seis nuevos magistrados: tres principales y tres suplentes.
En el caso de Traffic Safety, desestimó la demanda que exigía la nulidad de un contrato de una empresa con vínculos a Martinelli.
Ricardo Chanis Correa, en representación de Traffic Safety, firmó el contrato con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en el año 2011. El empresario también preside y representa al Grupo Editorial Epasa, que publica los diarios Panamá América, Crítica, Día a Día y PM, negocio en el que Martinelli admitió ser accionista.
Chanis Correa es, además, miembro de la junta directiva de la estatal Caja de Ahorros, nombrado en 2009 por Martinelli.
El rechazo de Moncada Luna a la demanda contra el contrato de Traffic Safety se vio truncado cuando los demandantes apelaron, y los otros dos magistrados de la Sala Tercera hicieron una interpretación distinta de la ley.
El pasado 8 de enero, los magistrados Víctor Benavides y Luis Ramón Fábrega revocaron la decisión de Moncada Luna y admitieron la demanda. No obstante, siguen sin resolverla.
En agosto se cumplen dos años de la presentación de la demanda, que además de exigir la nulidad del contrato solicita la devolución de las sumas recaudadas por concepto de infracciones de tránsito impuestas por el sistema de videovigilancia, que operó dos semanas en julio de 2013.
La Corte estaría ignorando su reglamento interno, que en su artículo 29 señala que “al magistrado a quien se le haya adjudicado un negocio tendrá que sustanciarlo y presentar el proyecto de Resolución correspondiente, en el término establecido por ley, o cuando la ley no lo fije, en el término de 30 días, contados a partir de su recibo”.
Con la lupa en la Corte
El estatus de la acción contra el contrato de Traffic Safety toma relevancia ahora que el gobierno de Martinelli, en pleno ocaso, anuncia la reactivación de las cámaras de vigilancia.
La semana pasada el director de la ATTT, Roberto Moreno, anunció que el sistema de fotomultas funcionará desde este mes, mediante la imposición de “sanciones morales”.
Los conductores que rebasen los límites de velocidad estarán recibiendo vía correo electrónico o cuando actualicen su licencia de conducir, el anuncio de la infracción cometida, pero no se les cobrará multa.
Según Moreno, le tocará al gobierno del presidente electo Juan Carlos Varela, aplicar las sanciones económicas.
Nuevamente la ATTT anunció la puesta en marcha de un sistema, sin mediar una consulta pública o una campaña de divulgación, como lo exigió la ciudadanía en julio de 2013, cuando la entidad se vio obligada a apagar las dos cámaras que instaló Traffic Safety calladamente, en un sector de Costa del Este, y que en solo 15 días de funcionamiento giró más de dos mil multas.
A razón de 50 dólares por cada multa, se generaron 100 mil dólares en una quincena.
La estructura del negocio le garantiza una rentabilidad atractiva a la concesionaria.
La empresa se quedará con el 35% de cada multa impuesta a través de las cámaras de vigilancia; el Estado recibirá el 65%.
Cuando se firmó el contrato la ecuación era inversa: 35% para el Estado y 65% para Traffic Safety.
La indignación ciudadana obligó al Gobierno a cambiar el porcentaje que le correspondía a cada una de las partes, mediante una adenda al contrato.
Con el cobro de las multas a favor de la empresa, el Estado cede parte de su patrimonio, como es el caso del dinero recaudado en concepto de infracciones de tránsito.
En adición, se le permite a la empresa tener acceso a la base de datos del Registro Único Vehicular y la venta de información de carácter estadístico a terceros.
La emisión de multas por exceso de velocidad no necesariamente es aplicada al conductor del vehículo que incurrió en la infracción, sino al propietario del vehículo. De allí que las compañías arrendadoras de automóviles interpusieran una acción legal bajo el argumento de que se desvirtúa la función sancionadora del Estado.
El abogado Víctor Martínez, otro demandante del contrato de cámaras vigilantes, alertó que la ATTT estaría incurriendo en el delito de abuso de autoridad con la puesta en funcionamiento del sistema. No entiende cómo pondrán en funcionamiento las cámaras cuando en la Autoridad saben perfectamente que hay demandas en la Corte sin resolver.
Se intentó conseguir la reacción de Chanis, pero este no atendió los requerimientos de La Prensa.
RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO
35%
Traffic Safety recibirá esta proporción por cada multa.
65%
Porcentaje que recibirá el Estado tras concesionar el sistema de vigilancia.
10 años
Período que durará el contrato.