Nuevos estudios ordenados por el máximo órgano judicial de Guatemala a la minera canadiense Tahoe Resources, que servirán de base para una consulta pública sobre sus actividades -suspendidas desde 2017-, comenzarían en dos o tres meses, dijo el abogado del parlamento indígena Xinka que lleva el caso.
La Corte de Constitucionalidad local ratificó la suspensión de las operaciones de la minera, la segunda mayor productora de plata del mundo, y ordenó una consulta pública “inmediata” incluyendo a pueblos indígenas de las comunidades aledañas a la mina, entre otras medidas.
Las operaciones en los yacimientos Juan Bosco y El Escobal, propiedad de su subsidiaria Minera San Rafael, fueron suspendidas en julio del 2017 por un juez que respaldó a una organización ambiental que reclamaba que comunidades cercanas no fueron consultadas para su instalación.
En unos dos meses, quizá tres, se podría iniciar con los estudios de impacto ambiental, posteriormente ya con los resultados iniciarían las preconsultas en las comunidades indígenas afectadas que ordenó la Corte, dijo a Reuters el viernes abogado, Quelvin Jiménez.
Eso podría retrasar en años la reanudación de las actividades de la mina, destacó Jiménez, quien remarcó su postura de que no siga operando.
Sin embargo, Andrés Dávila, portavoz de la mina San Rafael, dijo que la reanudación de las operaciones podría ocurrir mucho antes, pues dependerá de lo que determine el Ministerio de Energía y Minas en base en la revisión de los estudios Esperamos que se haga dentro del plazo en que se llevó la consulta de una hidroeléctrica, que duró seis meses, agregó. La Corte también ordenó realizar otros estudios relacionados con la protección de sitios arqueológicos y la revisión de las regalías para las comunidades.
Según el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la población indígena debe ser consultada antes de iniciar cualquier proceso extractivo dentro de sus territorios.
Desde que la minera suspendió operaciones, 700 trabajadores han sido despedidos, lo que generó pérdidas por 5.3 millones de dólares en regalías para el pueblo que demandó la consulta.