En la última década, cuatro de cada cinco nuevos empleos generados en el país se crearon en áreas urbanas. Esta tendencia ha agravado la migración de jóvenes rurales hacia la ciudad.
Entre marzo de 2009 y el mismo mes de 2019, por cada joven con edad entre 15 y 29 años que perdió su trabajo en el campo, 13 lo encontraron en la ciudad, según datos de la Contraloría General de la República.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parte del problema en América Latina y el Caribe radica en que las zonas rurales reciben menos inversión pública y privada, perjudicando la infraestructura social y productiva.
Los trabajadores de áreas rurales frecuentemente se encuentran en una situación de empleo vulnerable, caracterizada por salarios bajos, escasa protección social y prevalencia de la pobreza.
Por ejemplo, el ingreso promedio de un trabajador agrícola es de $301.70 al mes, mientras un trabajador de la construcción devenga un salario de $719.30 mensuales. René Quevedo, especialista en el mercado laboral, señala que esta diferencia sirve de incentivo a la migración juvenil rural hacia áreas urbanas y plantea varias repercusiones: campos sin jóvenes para trabajar, así como alienación social y desborde de servicios (vivienda, transporte, agua, electricidad, seguridad, salud, etc.) en áreas urbanas. El aporte del agro al producto interno bruto del país (PIB) pasó de 25.4% en la década de 1950 a 2.3% en 2018. Actualmente, contribuye con el 14% del empleo del país.