El pasado 22 de marzo la Dirección General de Ingresos (DGI) envió un correo electrónico a varias empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria reclamando que en sus declaraciones juradas no habían incluido el impuesto de aviso de operación.
“Usted ha utilizado de manera indebida la opción que establece la exención del pago del impuesto de Aviso de Operación, lo que ocasiona una disminución ilegítima del impuesto a pagar establecido en la normativa vigente sobre dicho impuesto”, señalaba la misiva, en la que además recordaba al contribuyente que la obligación de pagar el impuesto de aviso de operaciones se mantiene aún en los casos en los que el contribuyente presente pérdidas, con un mínimo de $100.
El anuncio hizo saltar las alarmas en el sector privado.
Según explicó el consultor fiscal Osvaldo Lau en su columna “Ventana Fiscal” de La Prensa del pasado 24 de marzo, la actividad de arrendamiento de un bien inmueble propio se considera un servicio y no una actividad comercial, por lo que no está sujeta al pago del impuesto de aviso de operaciones.
El mismo día 22 de marzo, pero en la tarde, los contribuyentes recibieron un nuevo correo con una rectificación de la DGI. En él reconocía que la actividad está sujeta a la exención del impuesto de aviso de operación y explica que el efecto de la comunicación solicitando la regularización “opera solo en aquellos casos en los cuales se hayan realizado operaciones distintas a las exentas”.
Así, si solo realiza “actividades propias de inmobiliarias, haga caso omiso de la comunicación previa”, informó la DGI a los contribuyentes.