La cuarta línea de transmisión eléctrica pierde vigencia en estos momentos porque la concesión de la hidroeléctrica Chan II, que se le quitó a Odebrecht, aún no se ha licitado para adjudicarla a otra empresa o grupo, afirmó Iván Barría, primer gerente de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) en la administración del presidente Juan Carlos Varela.
Barría dice que antes de salir de Etesa, en julio del año pasado, se reunió con la Corporación Financiera Internacional y en aquel momento se acordó que se negociara y compraran los terrenos por donde pasará la cuarta línea, para que no se repitiera el caso de la tercera línea, que en parte se retrasó por pleitos para adquirir servidumbre.
De acuerdo con lo que propone Barría, únicamente se debería garantizar la compra de las tierras y desarrollar el proyecto a futuro.
Pero, consultado al respecto, el actual gerente de Etesa, Gilberto Ferrari, manifestó que probablemente fue así como comenzó el atraso de la tercera línea, cuyos costos adicionales se verán en parte reflejados en la actual tarifa eléctrica.
“La cuarta línea no está únicamente relacionada a las centrales de generación en el oeste. Contar con la cuarta línea de transmisión nos dará redundancia al sistema, dar mantenimiento a las líneas, disminuyendo los riesgos de operación”, indicó Ferrari.
Según lo planeado, la licitación se realizará en este semestre para que el proyecto pueda iniciar operaciones en 2022. “Vamos a tener la cuarta línea lista antes que las centrales de generación eléctrica, así como el consentimiento de las autoridades comarcales”, defendió el gerente de Etesa.
Sobre el reciente aumento de la tarifa eléctrica, atribuida en un 45% a los costos de transmisión, Barría manifestó que es inaceptable que el gasto se considere una inversión para que se le reconozca a Etesa.
Al respecto, Ferrari respondió que parte de los costos que pagó Etesa por el atraso de la tercera línea en generación obligada y desplazada requerían capitalización del accionista, que en este caso es 100% el Estado. Sin embargo, el representante del Estado (el gobierno central) no puede realizar esta capitalización porque en 2011, mediante la Ley 31-2011, la empresa, junto con ENA y Tocumen, se excluyó del sector público no financiero.
“Si el Gobierno transfiere un centavo a la empresa, asume automáticamente su deuda, incrementando la relación deuda-PIB, y cambiaría nuestra próxima calificación riesgo país y desencadenaría aumentos de tasas de interés bancarias, entre otras consecuencias nefastas para todos los panameños”, advirtió Ferrari.