La justicia escocesa sumó ayer un revés judicial a los recientes golpes políticos recibidos por el primer ministro británico Boris Johnson: una corte de apelación declaró “ilegal” su decisión de suspender el parlamento hasta dos semanas antes del brexit.
El gobierno de Londres insistió en que “nada ha cambiado”, puesto que no hubo de momento una orden de anulación y apeló al Tribunal Supremo que examinará el caso el próximo martes.
Las dos cámaras del parlamento británico vieron sus labores suspendidas el martes de madrugada, al término de un debate largo y acalorado sobre la salida de la Unión Europea, y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha prevista del brexit.
Johnson justificó su petición de suspensión a la reina Isabel II por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno. Sin embargo, los opositores a un brexit sin acuerdo la denunciaron como un intento de atarles las manos.
La tradicional ceremonia de suspensión, rodeada de gran pompa, fue boicoteada por la inmensa mayoría de los Lores en señal de protesta, mientras algunos diputados gritaban “¡vergüenza, vergüenza!” tras haber denunciado un “ultraje constitucional”.
Ayer el tribunal de apelación de Edimburgo les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo “como objetivo obstaculizar al parlamento” y la declararon “ilegal”, invalidando una sentencia pronunciada una semana antes por una corte inferior interpelada por 78 diputados de varios partidos.
Johnson “básicamente ha amordazado nuestra democracia”, dijo la diputada Luciana Berger, del centrista Partido Liberal-Demócrata.