Con la nueva ley de política industrial se agilizará la emisión del certificado de fomento industrial (CFI), que concede créditos fiscales a las manufacturas y agroindustrias, aspecto que el sector privado consideraba vital para que el sector retome la senda del crecimiento.
Así quedó establecido ayer, luego de que los sectores público y privado alcanzaran un consenso con relación al contenido del proyecto de ley, iniciativa que se pretende desde 2015.
El tratamiento de los incentivos fiscales, ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), era el punto que faltaba acordar para finalizar la discusión sobre la nueva ley de política industrial. Se acordó aumentar el CFI de 25% a 40% para apoyar específicamente la inversión en investigación y desarrollo, capacitación de personal, inversión y reinversión, manejo medioambiental y el incremento del empleo asociado al aumento de la producción.
La intención es que el CFI se emita en un plazo de 90 días y no del promedio de 2 años, como sucede actualmente.
Melissa Miranda, directora ejecutiva del Sindicato de Industriales de Panamá, considera que el CFI, que es deducible del impuesto sobre la renta, es “una herramienta lo suficientemente atractiva para promover la inversión en el sector industrial”.
El ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, destacó la importancia de haber logrado un acuerdo con el sector industrial en lo que calificó como un “primer y significativo paso para concretar una política industrial que consolide este sector económico, que tiene un rol prominente en la economía panameña y en la generación de empleos”.
El sector productivo panameño, que es el cuarto empleador a nivel nacional (unas 122 mil personas), atraviesa una sostenida desaceleración desde hace, al menos, siete trimestres consecutivos: su participación en el producto interno bruto (PIB) cayó a 5.5% en 2016, desde 6.1% en 2014.
Otro aspecto que contempla la nueva ley es la creación del Programa Nacional de Competitividad Industrial, con el que se encararían temas como la promoción de mercados, la inocuidad alimentaria y la formación de capital humano, entre otros.
Asimismo, fortalecería al sector agroindustrial, que en el interior del país lo componen unas 2 mil micro y pequeñas empresas.