Mas allá de los paradigmas clásicos sobre la asignación de recursos por el Estado y por el mercado, se encuentra el problema de la gobernabilidad, la institucionalidad y una sociedad que espera los cambios que conduzcan al crecimiento y la equidad.
En los últimos acontecimientos en el ámbito económico, observamos una acción más concreta por parte de los órganos del Estado en función de las necesidades nacionales y la puesta en práctica de algunas medidas de política económica, utilizando como método las denominadas mesas de diálogos para buscar consenso sobre algunas alternativas de solución o para atenuar los principales y urgentes problemas económicos nacionales, y establecer de paso una metodología enmarcada en la búsqueda de la gobernabilidad económica.
Esta situación nos lleva a realizar una profunda reflexión acerca de cuál es o debe ser el papel del Estado en esta coyuntura. Por un lado vemos la necesidad de que el Organo Ejecutivo busque en cierta forma la gobernabilidad para superar algunos problemas nacionales que pudiesen calificarse como "problemas de Estado", como son la reactivación económica, la educación y el seguro social. Al respecto, el Gobierno nacional logró reunir en la mesa de diálogo a empresarios, trabajadores y políticos.
Por otro lado vemos que el Estado, y en este caso el Organo Ejecutivo, confiere a esta mesa la función de fijar los lineamientos y proponer medidas de política económica, responsabilidad que le compete directamente al Organo Ejecutivo. En ese sentido se podría interpretar que son las mesas de diálogo actualmente las que determinan algunas medidas de política económica.
Esta situación tiene varias aristas, y trae al tapete la discusión acerca de cuáles son las verdaderas funciones de la administración del Estado y cuál es su responsabilidad sobre estos temas públicos, para los cuales han sido escogidos por la sociedad a través del método democrático. En ese sentido vemos que se escoge, en algunos casos, el camino más largo y engorroso en la solución del problema, al permitir la presencia de factores ideológicos, políticos e intereses económicos, lo que crea una disyuntiva, dado que si bien es cierto que es un mecanismo más democrático, es a la vez ambiguo, porque las grandes decisiones requieren respuestas rápidas y contundentes, como deben ser las decisiones de política económica.
Este método de consenso contiene algunas falencias como la cadena de decisiones para aprobar las medidas adoptadas, en virtud de que existe un largo plazo para llegar al consenso, otro plazo para la redacción de propuestas de leyes que se remiten al Organo Legislativo, las cuales una vez convertidas en leyes, pasan a la sanción presidencial.
El Estado y el mercado En la doctrina económica, los dos paradigmas clásicos, basados en el Estado y en el mercado, se ha determinado que ambos no son eficaces por sí solos. El paradigma del Estado se basa en el uso de la jerarquía y el poder que como tal, es centralizador.
El paradigma del mercado, en su versión idealizada, postula la descentralización total, y su mecanismo de coordinación está fundamentado en el sistema de precios, el cual está sujeto a fallas conocidas como externalidades. Ambos paradigmas, en sus versiones extremas, tienden a ignorar la sociedad y sus múltiples expresiones colectivas.
Pero la sociedad actual está pasando a ser una sociedad informada, con una creciente demanda de sus derechos ciudadanos y de participación activa en la definición de las reglas del juego, que conlleva a la institucionalidad política y económica. En este sentido resulta indispensable la intervención estatal mediante políticas sociales adecuadas, tanto para corregir las asimetrías derivadas del funcionamiento del mercado, como para compensar las rigideces estructurales económicas y sociales.
El Estado actualmente tiene un nuevo papel, que implica asumir su responsabilidad plena y eficientemente, en particular en materia del desarrollo económico sostenible (articulación del crecimiento económico con el uso racional de los recursos naturales).
Este esquema genera crecimiento económico con equidad social, gobernabilidad y desarrollo institucional (capacidad del Estado de diseñar e instrumentar políticas adecuadas en todos los campos, mediante una administración pública profesional, confiable y capacitada) y transformación productiva hacia un mejor desarrollo tecnológico.
Eventos en el ámbito económico
Las cifras entregadas en el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondiente al primer trimestre de 2002, establece que la evolución macroeconómica determinó un crecimiento de 0.8% respecto a igual período del año anterior. Señala, igualmente, algunas cifras que denotan la persistencia de los problemas estructurales de nuestra economía como, por ejemplo, las tasa negativas en sectores tradicionales como los servicios (industrias -5.0%, construcción -8.0%, Autoridad del Canal de Panamá -0.4%, comercio -3.7%, Zona Libre de Colón -1.6%, e intermediación financiera -3.0%).
Otro aspecto importante lo constituye la crisis que presenta la seguridad social. Es importante destacar, sin embargo, que el Gobierno nacional ha hecho un importante apoyo a uno de los programas como el de Invalidez, Vejez y Muerte, al crear un fideicomiso a nombre del programa de la Caja de Seguro Social, el cual se constituiría con las acciones que mantiene el Estado en las empresas privatizadas que suman 150 millones, aproximadamente.
El fideicomiso estará integrado por las acciones en las empresas privatizadas, tanto la telefónica Cable & Wireless, como las de generación y distribución de energía eléctrica, incluyendo también los ingresos que se generen de estas acciones. De acuerdo con la propuesta presentada por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, en la eventualidad de que el Estado decida vender la totalidad o parte de esas acciones, el producto se mantendría en el fideicomiso y sería invertido en instrumentos financieros cuyo rendimiento sería incorporado a las reservas del mencionado programa como un ingreso.
Redefinición del papel del Estado Los problemas económicos y sociales como el bajo crecimiento, el desempleo, el cierre de empresas, el déficit actuarial de la seguridad social, la corrupción, la falta de institucionalidad en algunos contratos y otros elementos, indican que existe un problema en la concepción de la política económica y las funciones y responsabilidades de los órganos del Estado.
Esta situación se produce básicamente por el agotamiento del modelo económico y la lentitud de los cambios en la reforma económica. La responsabilidad primaria pertenece al Estado que debe diseñar e implementar la política económica.
Reemplazar la política económica con mesas de diálogos puede no ser el mejor método. El camino resulta demasiado largo y conflictivo, teniendo en cuenta que algunas veces, por el carácter político de sus miembros, las agendas no se abren a todas las ideas. Vale la pena señalar que se ha excluido del diálogo por la seguridad social la discusión de los modelos mixtos y las cuentas individuales.
Considerando la historia de los diálogos en las últimas décadas, como Bambito 1 y 2, Coronado, etc., el resultado no se ha visto; las cifras de la economía no muestran resultados positivos. La línea de pobreza ha aumentado, el desempleo casi llega al 15% y los sectores que más riqueza produjeron se encuentran agotados.
Todo esto indica que hay que redefinir la política económica y la función del Estado; no se puede seguir con políticas proteccionistas, con subsidios, con aportes de un grupo para beneficio de otro. El Estado debe asumir su papel de facilitador, no existen fondos para el Estado benefactor. Somos de la convicción de que estos problemas macroeconómicos o choques internos como lo denomina el MEF, deben ser revisados y analizados a la luz de los cambios que se deben dar en función del papel que debe asumir el Estado.
Los lineamientos actuales para la política económica deben estar encaminados a la resolución de los problemas más críticos. Está claro que la reversión de la tendencia en el crecimiento económico debe ser producto de un cambio en el modelo económico, donde el Estado asuma su papel de facilitador. Las medidas de política fiscal que actualmente se encuentran estancadas deben ser aprobadas en el corto plazo; se ha visto que, sin comenzar la discusión y el diálogo sobre este tema, ya existen partes que se oponen. ¿Cómo se llegará a un consenso con este método? La resolución del problema del transporte en la ciudad de Panamá: cuál es la política económica del transporte, por qué no se define. Existe indecisión en la construcción del tren metropolitano. La construcción de las carreteras y obras de infraestructura deben acelerarse para reactivar la política de obras públicas. Asimismo, deben abordarse los aspectos institucionales como los contratos, la corrupción y la falta de transparencia que inhibe a los potenciales inversionistas. Las leyes aprobadas sobre estos temas deben ser funcionales y no quedar en letra muerta.
Por último, existe la necesidad de una articulación entre la política económica y la política social. El logro de un desarrollo nacional integrador, con equidad social, único, capaz de asegurar la gobernabilidad, un crecimiento económico sostenible y niveles crecientes de competitividad para la inserción exitosa del país en la economía global, implica el diseño por el Estado de políticas específicamente dirigidas a superar el grave rezago social del país.
La articulación de políticas económicas y sociales es necesaria, tanto en la fase de diseño como en la de ejecución y evaluación.
El autor es economista
