En los últimos 10 años, la deuda pública de Panamá ha pasado de $11,100 millones a más de $25,600 millones. Este número excluye la deuda de Tocumen, Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y los corredores. También, los más de $3,500 millones en proyectos “llave en mano”.
Las cifras son realmente impactantes tomando en cuenta que la última década fue un periodo de bonanza económica. En teoría, estos “buenos” años debieron haber servido para robustecer el balance del Estado con el objetivo de estar mejor preparados para la próxima recesión y así poder utilizar el endeudamiento como herramienta para estimular la economía cuando esta lo necesite.
La única razón que esto no ocurrió parece ser la política. Dado que la deuda es empleada para cubrir incrementos en el gasto corriente y en las inversiones, es muy tentador para los gobernantes utilizarla en su periodo. En fin, el problema le queda al próximo gobierno.
Está claro que para un político con visión a corto plazo, una manera fácil de buscar votos o popularidad es incrementando el gasto y financiando el déficit con deuda. Esto en busca de incrementar los empleos y lograr el famoso “hay plata en la calle”.
El problema es que hay límites. Estos límites lo pueden establecer los inversionistas o las calificadoras de riesgo. Hasta ahora, Panamá es el país con la prima de riesgo más baja de la región. Es decir, los inversionistas ven a Panamá como un “buen” crédito. Sin embargo, esto puede cambiar rápido como ha ocurrido en nuestro país vecino, Costa Rica.
En el ultimo año han ocurrido algunos cambios que parecen indicar que la tendencia del endeudamiento va a seguir.
Desde 2015, el déficit como porcentaje del producto interno bruto había mejorado, pero este año se aprobó la ampliación presupuestaria, la cual permitió al gobierno ampliar el déficit en 2018 y 2019.
Por otra parte, los ingresos corrientes superan los números del año anterior, pero no de manera holgada.
El próximo gobierno tendrá la difícil tarea de decidir entre dos caminos.
El primero, tomar la vía prudente, pero poco popular, de estabilizar nuestro balance general. Esto, con el riesgo de que una reducción en el gasto impacte la economía.
El segundo sería seguir gastando e incrementando el endeudamiento, corriendo el riesgo de que los inversionistas y las calificadoras digan basta.
El autor es financista