La planificación para la compra de libros y útiles ante el inminente inicio del año escolar ha materializado en este 2018 lo costosa que resulta la educación privada.
Una familia con dos niños que cursan la educación primaria debe desembolsar, al menos, $800 entre cuadernos, útiles, textos, mochilas y uniformes, de acuerdo con la información de mercado y el testimonio de acudientes que ya tienen en su poder el listado de lo que necesitarán sus hijos.
Las clases inician el 5 de marzo, lo que supone comenzar con las compras durante lo que resta de enero y el mes de febrero, apenas cuatro meses después de haber asumido matrículas con alzas, e intentando ajustar el presupuesto familiar para lo que está por venir: mensualidades más altas, lo que da como resultado aumentos de hasta $700 en la anualidad, dependiendo del colegio.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) monitorea el comportamiento de los precios de 60 colegios particulares en el área metropolitana.
En el nivel de primaria, la entidad comparó la anualidad de 59 escuelas, de las cuales 51 presentaron variantes al alza.
En el segmento premedia, la Acodeco recopiló la data comparable de 58 planteles, y 49 informaron de incrementos.
En los niveles de prekínder y kínder también se evidencia la misma dinámica, con el ingrediente adicional de que cada año más escuelas se suman al cobro de lo que llaman “donaciones”, una cuota única adicional que se les cobra a los acudientes con la admisión de sus hijos.
En escuelas con anualidades de entre $1,500 y $2,000, la “donación” puede ser de entre $500 y $800. Si este dinero no se paga con la matrícula y el primer mes de clases, el niño no podrá formalizar su entrada al colegio.
La familia Hernández cuenta que son muy pocas las opciones. “La educación oficial no levanta cabeza, es de muy mala calidad, y resulta inviable cambiar todos los años a los niños de colegio, teniendo como único motivo el aumento de costos”.
Ciertamente, los colegios anuncian desde un año antes las alzas en sus tarifas, lo que algunos entienden como una ventaja de tiempo suficiente para que los padres tomen la decisión de cambiar a sus hijos a otro plantel, pasando por alto que los demás colegios pueden resultar igual de costosos o están ubicados fuera del área de convivencia de los niños, sin contar el efecto sicológico para los chicos de perder la cercanía con sus amigos.
Algunos padres intentan reducir sus gastos, asociándose y comprando los útiles en empresas distribuidoras, con el fin de minimizar las facturas educativas. Una salida que la familia González considera de “poco impacto”, considerando que debe pagar $2,600 por la anualidad de su hija de apenas primer grado y otros $2,600 por un niño de quinto grado.
Suponiendo que este sea el mínimo en anualidad que tengan que costear por sus dos hijos durante seis años, una familia como los González tendrá que destinar $31,200 solo en educación básica.
Esta cifra no incluye los gastos de matrícula ni los textos, mucho menos las cuotas que suelen pedir para las actividades culturales durante todo el año.
Recordando que las empresas cada vez son más exigentes con sus trabajadores que se enfrentan a horarios extendidos, algunos padres deben pagar los servicios de un tutor para que ayude a los niños con las tareas, justo después que termina cada jornada diaria.
“ El mundo nos pide niños más completos... También debemos intentar que el ingreso familiar estire para el pago de clases de ballet, fútbol o piano, algo que es imposible”, dijo una madre consultada por este diario.
Las anualidades que monitorea la Acodeco van desde los $600 hasta los $5,000. Para los padres que pagan las cuotas mensuales más altas, la educación completa de cada hijo requerirá de, al menos, $60 mil, contabilizando los niveles de primaria y bachillerato.
EFECTO CASCADA
Kathya Echeverría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), advierte que el escenario actual no es el ideal y reconoce que el país vive una situación sin precedentes en el sistema educativo.
A su juicio, la muestra de Acodeco no es representativa, por lo que no debe hablarse de una tendencia. Son 652 centros educativos particulares en el país y el análisis es de 60, ubicados en el área metropolitana.
Sin embargo, estos colegios acogen a miles de estudiantes y de alguna manera marcan la pauta en ese ramo.
“Las alzas en la mayoría de las escuelas que realizaron ajustes no son equitativas con el incremento del 150% realizado al salario de docentes por las decisiones de acuerdos de huelga entre el sector oficial y el Ministerio de Educación”, aclaró. Precisamente, fue este aumento salarial el que provocó un efecto cascada y ajustes para los educadores del sector privado.
El Decreto Ejecutivo No. 879 de septiembre de 2016 estableció un ajuste salarial de $300 a partir de julio de 2017 para los docentes del sector oficial con categoría permanente.
Echeverría aseguró que los incrementos en las anualidades y matrículas para el año lectivo 2018 responden directamente a este aumento salarial.
No obstante, aclaró que la mayoría de las escuelas en el territorio nacional decidieron no realizar ajustes, en el entendido de que el Gobierno daría una solución que evitaría un incremento forzado y por montos inasequibles para muchos padres de familia. “A la fecha, el sector sigue en incertidumbre e indefensión, especialmente las escuelas que atienden la clase trabajadora y profesional, con un año escolar con pronóstico reservado”, recalcó.
Basados en las razones que impulsaron el alza de las matrícula y la anualidad, en futuros años lectivos se podrían pronosticar servicios educativos más caros.
Este año empezó a regir un alza del salario mínimo, lo que afecta directamente los salarios de personal administrativo y los servicios contratados a proveedores y seguridad. Para Uncep, esto hace aún más compleja la ya precaria situación en la que se ha sumido al sector.
“Los padres de familia deberán tener clara la situación generada por decisiones en el sector público, que les han afectado por efecto rebote a las escuelas particulares, y solicitar solución en instancias gubernamentales para defender su derecho a encontrar y escoger modelos educativos que satisfagan sus aspiraciones y posibilidades económicas”, dijo Echeverría.