La Asamblea Legislativa retomará la discusión en primer debate, del proyecto de ley N°375 enfocado en la aplicación de varias medidas para la generación de empleo juvenil sostenible, al tiempo que las empresas que se sumen a la causa recibirán beneficios fiscales.
En una economía en la que el 84% del empleo es generado por el sector privado, los empresarios y quienes insisten en la necesidad de vincular al sistema educativo con el mercado laboral observan en el proyecto un primer paso para lograr ese objetivo.
Hoy, por cada 11 adultos que consiguen trabajo, 1 joven lo pierde. Es decir, que a falta del entrenamiento y capacitación adecuadas, las nuevas generaciones ven agotadas las oportunidades laborales.
La propuesta impulsada por el sector privado, a través del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae), fue presentada en julio de 2016 por los diputados Iván Picota, Zulay Rodríguez, Néstor Guardia y María Delgado. Sería la segunda vez que se intenta generar interés legislativo en este tema.
“La demora le sigue costando al país”, dijo René Quevedo, miembro de Cospae, y quien advierte que si se compara la matrícula de alumnos que en 2009 cursaban el séptimo grado, con los estudiantes que en 2015 terminaron la educación premedia y media, se puede deducir que hubo un 56% de deserción.
Para 2016, advierte Quevedo, no hay cifras oficiales comparables, sin embargo, sí se ha dicho que 48 mil estudiantes reprobaron, algo que genera una genuina preocupación respecto a la forma en la que el país encara su futuro productivo.
El proyecto incluye la creación de un patronato, público- privado, con la responsabilidad de elaborar y articular programas para promover el empleo y el emprendimiento juvenil y la formación técnica de rápida inserción laboral para la preparación acelerada de recurso humano calificado hacia las actividades económicas de mayor crecimiento.
Otra misión del patronato es el desarrollo de incentivos fiscales a las empresas para la capacitación y contratación de jóvenes por períodos de más de dos años, así como la creación de un observatorio de empleo juvenil.
De ser efectivo el programa de capacitación, este serviría de alivio al 95% de los graduandos humildes, que se ve forzado a buscar trabajo.
Quevedo recuerda que dos de cada tres trabajadores panameños tienen 12 o menos años de escolaridad. “Estas debilidades educativas representan la principal barrera para su ascenso laboral y movilidad social, condenando a los jóvenes a trabajos manuales y reemplazables por los avances tecnológicos, lo cual agravaría las ya existentes brechas sociales.
El proyecto de ley plantea la creación de la figura del promotor de acompañamiento laboral (PAL) dentro de las empresas, una especie de mentor laboral, con la finalidad de orientar a los jóvenes y apoyarlos en su proceso de adaptación e inserción. Los programas están pensados para personas entre los 16 y 29 años.