Empresarios pidieron ayer al Gobierno de Costa Rica actuar con firmeza ante los bloqueos de carreteras y daños a instalaciones públicas, a raíz de una huelga de trabajadores estatales iniciada hace más de una semana contra un proyecto de reforma fiscal.
“Condenamos los extremos a los que ha llegado la huelga en cuanto a violencia y afectación a las personas”, dijo en rueda de prensa Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, que agrupa a los principales gremios empresariales.
El sector privado se pronunció un día después de que los sindicatos de trabajadores públicos aceptaran iniciar un diálogo con el gobierno, con mediación de la Iglesia católica, pero sin suspender la huelga iniciada el 10 de septiembre.
“Consideramos que debería ya declararse ilegal la huelga y se acuse a las personas que han delinquido bloqueando carreteras, agrediendo a personas, con la quema de camiones y saqueos de negocios”, agregó Delgado. La protesta ha provocado bloqueos de carreteras y cierres en plantas de distribución de combustibles, además de la paralización temporal del puerto de Moín, punto principal para el comercio exterior del país.
En los últimos días, puestos de combustibles en todo el territorio comenzaron a sufrir escasez.