Las empresas de Argentina están recurriendo cada vez más a los tribunales para destrabar importaciones de insumos, que quedaron atrapados en la burocracia dispuesta por el Gobierno para restringir el ingreso de mercadería extranjera con el fin de proteger el empleo.
“Esto es proteccionismo liso y llano”, dijo a Reuters Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina y representante de la empresa de grifería FV, quien denunció demoras en la recepción de la mercadería importada.
“Se buscan amparos judiciales porque hay impedimentos que no deberían existir”, agregó.
El presidente liberal Mauricio Macri asumió con el compromiso de acabar con la telaraña de trabas sobre el comercio exterior, pero aumentó a mil 628 los bienes importados que requieren licencias no automáticas desde 618 productos, principalmente de bienes que se producen localmente.
El problema es que los productos que son considerados bienes finales por algunas empresas son también insumos para otros sectores de la economía, como sucede en el caso de las telas, que pueden venderse al público o usarse para confeccionar prendas.
“Este año, frente a algunas limitaciones para importar, volvió a haber ciertos amparos para exigir la aprobación de la licencia que se solicita”, explicó Guillermo Coronel, abogado especialista en derecho aduanero.
Según tres estudios de abogados especializados en temas aduaneros, dos representantes de los importadores y una fuente del propio Ministerio de Producción, los amparos aumentaron debido a las demoras en la aprobación de importaciones, aunque los casos son difíciles de contabilizar porque suelen resolverse antes de que haya una sentencia.
Los importadores reclaman previsibilidad al Gobierno, preocupados por los altos costos de mantener la mercadería detenida en las terminales portuarias.
“Está muy difícil la autorización”, dijo a Reuters un empresario que importa telas para confección en su taller de Buenos Aires y que pidió no ser identificado.
La misma fuente del Ministerio de Producción explicó que la mayoría de los reclamos judiciales son de empresas que no pueden justificar su volumen de compras al exterior. “Cuando vemos que una empresa razonable, con historia, tiene una dificultad de ese tipo, lo resolvemos”, dijo la fuente.
Las importaciones del país austral, que en un 84% corresponden a compras de insumos y bienes intermedios para la producción local, cayeron un 6.9% el año pasado, a $55 mil 610 millones, según cifras del Instituto de Estadísticas y Censos, en medio de una caída general de la actividad económica.