La Comisión Europea anunció que llevó a España y Portugal, así como a Croacia y Chipre, ante la justicia europea por “no incorporar plenamente la normativa de la UE en materia de créditos hipotecarios”, un año después de que terminara el plazo. La “no aplicación” de esta normativa europea “significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios, o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos.
Con esta decisión, Bruselas cierra la puerta del diálogo político en el marco de un proceso de infracción, y lleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría desembocar en multas económicas por no cumplir con el derecho comunitario.
La cuestión hipotecaria se volvió un asunto central en los últimos años en España, especialmente respecto a las denominadas cláusulas suelo que, aplicadas en los préstamos hipotecarios de interés variable impedían que la tasa de interés descendiera por debajo de un cierto límite, aunque las tasas reales del mercado siguieran bajando.
Los bancos obtenían así más rendimiento del que deberían sin que sus clientes lo supieran en muchas ocasiones, dada la opacidad de los contratos.
El TJUE condenó a finales de diciembre a los bancos españoles que utilizaron estas cláusulas a reembolsar el dinero obtenido con ello a sus clientes. La cifra total se acerca a los $4 mil 100 millones. La directiva europea, que los países debían integrar a su legislación antes del 21 de marzo de 2016, busca crear un mercado de crédito hipotecario en la UE con un nivel de protección de los consumidores, que incluye entre otros normas de conducta para los proveedores, apuntó el ejecutivo comunitario.