España ha objetado la inclusión de Panamá en la lista de países con deficiencias en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, publicada el miércoles por la Comisión Europea (CE).
Según confirmaron a este diario fuentes del Ministerio de Economía del gobierno socialista de Pedro Sánchez, los motivos por los que mostraron reservas tienen que ver con la falta de transparencia en el procedimiento de elaboración del elenco que completan otras 22 jurisdicciones y con la indiferencia ante el esfuerzo legislativo en favor de la transparencia que está llevando a cabo en el país.
“Deberían haber sido más rigurosos y transparentes en los trámites para concebir la lista. Por ejemplo, no ha habido comunicación con los países que estaban siendo examinados”, señalaron.
“Panamá está aprobando y aplicando en este momento una serie de normas legislativas para luchar contra el blanqueo de capitales. Está siguiendo una revisión por parte del Grupo de Acción Financiera que concluirá en junio, y no nos parece correcto hacer un señalamiento negativo en este momento”, agregaron.
El documento de la CE no es definitivo, ya que todavía debe ser aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de ser publicado en el Diario Oficial de la UE.
Para su validación, los organismos europeos tienen un mes, con la posibilidad de la extensión de otro mes. Uno de los países que podría ejercer presión para sacar a Panamá de la lista es España, pero su solo voto no es suficiente para echarla atrás. Se necesita una mayoría cualificada de un total de 16 países miembros de la UE, y además el 65% de la población del bloque europeo.
En este momento hay 13 países que han mostrado objeciones a la lista, pero no es suficiente.
El embajador de Panamá en Bélgica, Miguel Verzbolovskis, señaló que van a insistir ante las autoridades pertinentes -altos funcionarios, técnicos y todos los interlocutores implicados- en que la CE “cometió un fallo en la metodología que condujo a la inclusión de Panamá en la lista, para que finalmente sea rechazada”.
Los criterios utilizados por Bruselas se resumen en la Directiva 2018/843/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (conocida como Quinta Directiva).
La regulación contiene disposiciones para combatir el anonimato en el mercado de criptodivisas como el bitcóin, la prohibición a las entidades de crédito e instituciones financieras de mantener cuentas anónimas, o el compromiso en el intercambio de información sobre la verdadera identidad de los propietarios de empresas y fondos.